En un evento que ha captado la atención en el ámbito educativo y judicial, Juan Romo Urroz, quien fue rector de la Universidad Carlos III de Madrid, se enfrenta el lunes próximo a un juicio en la Audiencia Provincial de Madrid. Este proceso legal gira en torno a la supuesta prevaricación administrativa en un proceso de selección de personal universitario, un tema que podría tener repercusiones significativas en el mundo académico.

De acuerdo con documentos a los que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal ha solicitado la absolución de Romo y otros cinco altos funcionarios de la universidad, quienes también están implicados en la situación. Las acusaciones apuntan a irregularidades en la asignación de plazas laborales dentro de esta renombrada institución educativa.

Los hechos se remontan al 13 de febrero de 2018, cuando el Consejo de Gobierno de la Universidad Carlos III designó una Comisión de Selección integrada por los mencionados altos cargos. Esta comisión fue creada con el objetivo de llevar a cabo un concurso para seleccionar a nuevas incorporaciones en el cuerpo docente de la universidad.

Cabe destacar que, según la Fiscalía, no se presentó ningún tipo de impugnación al proceso llevado a cabo. Las pruebas de selección se realizaron conforme a las bases establecidas en la convocatoria y culminaron con la publicación en el Boletín Oficial del Estado, donde se anunciaron los nombres de tres candidatos seleccionados para el puesto.

El demandante, quien participó en el concurso, no fue elegido y considera que sus credenciales fueron desestimadas injustamente. Este candidato alega que existieron razones inadecuadas detrás de las decisiones tomadas, entre ellas, supuestas relaciones personales entre los miembros de la comisión de selección y los candidatos seleccionados. Aunque se inició un proceso administrativo de impugnación, el demandante decidió además llevar el asunto a la vía penal.

La historia ha dado un giro en los últimos años, comenzando con una denuncia interpuesta en 2019 por un particular. La acusación está solicitando que se imponga a Romo una inhabilitación que podría alcanzar los 13 años, un evento que subraya las tensiones que pueden surgir en los procesos de selección en el ámbito académico.