Crónica Madrid.

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Ex altos funcionarios de Ayuso vuelven a los juzgados por nuevo escándalo de residencias en Villalba.

Ex altos funcionarios de Ayuso vuelven a los juzgados por nuevo escándalo de residencias en Villalba.

El miércoles 10 de diciembre, se espera que ex altos funcionarios del Gobierno regional, entre ellos Carlos Mur, Pablo Busca y Francisco Javier Martínez Peromingo, se presenten nuevamente ante la justicia en relación a un caso que investiga presuntas irregularidades en la atención sanitaria a personas mayores en residencias durante los primeros momentos de la pandemia.

La citación corre a cargo del Juzgado de Instrucción número 2 de Collado Villalba y se enmarca en una investigación paralela sobre la muerte de un residente en Sanitas Torrelodones. Además de los mencionados ex funcionarios, también están siendo investigados varios geriatras que trabajaban en el Hospital Puerta de Hierro y en el Hospital Gregorio Marañón.

La ausencia de Carlos Mur y Pablo Busca en las audiencias programadas para el martes anterior ha llevado a la acusación particular a considerar la posibilidad de solicitar órdenes de detención para aquellos que intentan evadir la justicia.

Estas comparecencias vienen a reactivar un caso que había estado en punto muerto durante meses. A lo largo de este tiempo, varios jueces se inhibieron en favor del Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid con la intención de integrar los casos en una gran causa, pero la propia solicitud fue rechazada. Ahora, el proceso está bajo la supervisión de la Audiencia Provincial de Madrid.

El único ex alto cargo que sí se presentó a declarar fue Francisco Javier Martínez Peromingo, quien afirmó que los protocolos enviados a los geriatras en marzo de 2020 eran "discriminatorios". Según él, advirtió repetidamente a Carlos Mur sobre esta discrepancia a través de correos electrónicos y mensajes de WhatsApp.

Por otro lado, un geriatra de enlace del Hospital Gregorio Marañón también fue parte de la audiencia. Este profesional negó tener conocimiento de los protocolos bajo investigación y defendió que solo aplicó criterios clínicos que consideraba apropiados. Aunque reconoció que el padre de la denunciante no fue trasladado al hospital, no pudo proporcionar detalles precisos sobre su diagnóstico.