Estudiantes y empleados públicos convocan huelga para el 26 y 27 de noviembre en protesta por la crisis económica.
MADRID, 4 de noviembre.
Este martes, la coordinadora de las plataformas que representan a estudiantes y trabajadores de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid ha anunciado su decisión de convocar una huelga los días 26 y 27 de noviembre. Esta acción se justifica por lo que consideran una "asfixia" financiera que afecta a las instituciones educativas y pretenden exigir una "financiación adecuada" que garantice un servicio público de calidad.
La coordinadora ha presentado un decálogo que detalla lo que consideran "ataques" del Gobierno regional hacia las universidades. Según afirman, la Comunidad de Madrid se desentiende de un 30% de la financiación, contribuyendo con solo un 70%. Adicionalmente, critican que la financiación por objetivos compromete la educación e investigación públicas, aumentando la dependencia económica del sector privado y elevando los costos de las tasas universitarias.
El documento también aborda una tendencia hacia un modelo empresarial en la universidad pública, donde hay una "laxitud" a la hora de aceptar entidades que buscan obtener beneficios a costa de la educación superior, lo que resulta en una mayor privatización del sistema en Madrid. Los universitarios y trabajadores enfatizan el "parasitismo" que presentan las universidades privadas sobre la pública y la creciente burocracia que enfrentan.
Además, critican la nueva ley universitaria de la región, que según ellos fomenta el individualismo y acentúa las desigualdades laborales y la precariedad. Entre las razones de su huelga, mencionan la "mercantilización" de la educación y advierten sobre el posible cierre de líneas de investigación que no sean rentables para el mercado.
El control del conocimiento por parte del capital privado también es una preocupación para ellos, al igual que la supuesta intervención del Gobierno madrileño en la autonomía de las universidades, evidenciada, aseguran, por restricciones que afectan las libertades estudiantiles, incluyendo sanciones de hasta 300.000 euros por infracciones consideradas menores como "faltas de respeto" o "colocar pancartas".
Frente a este panorama, los representantes de la plataforma exigen una mayor inversión por cada estudiante en las universidades públicas, la "reversión de la privatización", así como una independencia real para las instituciones. También buscan políticas que fomenten la confianza en lugar de la burocracia, que terminen con la precariedad laboral y brinden más seguridad y dignidad a los trabajadores.
Por último, reclaman la protección de la libertad académica en la producción del conocimiento, la garantía de derechos para la reivindicación sindical y estudiantil, y exigen la dimisión del consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana.
En respuesta, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, destacó la semana pasada que la huelga no es resultado de una "falta de presupuestos", sino que obedece a motivos distintos. Además, defendió el aumento de la inversión en educación para el próximo año, que se prevé que será del 6,5%.
García Martín subrayó que la inversión en universidades públicas ha aumentado en 75 millones de euros, lo que representa un crecimiento superior al 6,5%, sumándose a los incrementos de años anteriores. Desde la llegada de Isabel Díaz Ayuso a la presidencia, la inversión ha crecido más de un 20%, alcanzando un total de 1.200 millones de euros, según sus declaraciones a los medios.
Para el próximo año, la Comunidad de Madrid ha destinado 1.239,7 millones de euros a la financiación de las universidades públicas, lo que implica un incremento de 75,3 millones respecto a 2025, estableciendo un récord histórico en inversión que se detalla en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales para 2026.
Esta financiación representa más del 4% del presupuesto total de la Comunidad de Madrid para el próximo ejercicio, que ha incrementado la asignación destinada a la educación superior en 122,6 millones en los últimos dos años, con un aumento acumulado del 11% en este periodo.
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