En una contundente declaración realizada este viernes, la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha reafirmado el compromiso de su gobierno de proteger la libertad de objeción de conciencia frente a la imposición del Ejecutivo central de establecer un registro de objetores de conciencia en relación al aborto.

Matute subrayó la importancia de que se respete la libertad individual, afirmando que es preferible que sea un tribunal el que decida sobre el tema, en lugar de un gobierno que, según ella, actúa de manera sectaria y ajena a las necesidades de la ciudadanía. Estas declaraciones se realizaron durante una visita a las obras de un nuevo centro de salud en San Sebastián de los Reyes.

El Gobierno madrileño ha manifestado su firme oposición a la creación de un registro que identifique a los médicos objetores, tal como estipula la controvertida ley estatal de 2023. A raíz de esto, el Ministerio de Sanidad ha cursado un requerimiento oficial a las comunidades de Madrid, Aragón y Baleares, advirtiendo de su incumplimiento respecto a lo que consideran una "obligación legal".

Las autoridades centrales han otorgado un plazo de un mes para que estas comunidades respondan o se ajusten a lo que establece la ley, en cumplimiento del artículo 44 de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que exige un aviso previo antes de plantear acciones judiciales.

En sus declaraciones, la consejera de Sanidad ha enfatizado que, en Madrid, no se busca estigmatizar ni a mujeres que deciden abortar, ni a aquellas que deciden no hacerlo, ni a los médicos que realizan o se oponen a la práctica del aborto. Matute aboga por un enfoque que promueva un aborto que considera legal, seguro y poco frecuente.

Después de recibir el requerimiento del Ministerio, las comunidades tendrían un mes para justificar su posición, mientras que el Ministerio de Sanidad cuenta con dos meses para llevar el asunto a los tribunales si no obtienen una respuesta satisfactoria, según las explicaciones de la ministra Mónica García.

García también advirtió que ignorar este procedimiento no solo afecta los derechos de las mujeres, sino que también vulnera los derechos de aquellos profesionales de la salud que deseen ejercer su derecho a la objeción de conciencia de manera activa.

En respuesta al requerimiento del gobierno central, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de Madrid, Miguel Ángel García Martín, defendió la capacidad de autogestión del sistema sanitario regional, afirmando que, con base en la Constitución, se protegerá la libertad de objeción y otros artículos que resguarden a la población madrileña.