Emilio 'El Loco' revela a la Guardia Civil que desmembró a su suegra y ocultó el cadáver a 400 metros de su hogar.
La defensa del acusado ha solicitado la exención total de responsabilidad penal debido a una supuesta alteración psíquica, mientras que la familia de la víctima exige una condena a prisión permanente revisable.
En la mañana del 3 de diciembre, la Audiencia Provincial de Madrid ha iniciado el juicio de un horrendo asesinato que ha dejado atónita a la pequeña comunidad de Chapinería, situada en la Sierra Oeste de Madrid. Emilio R. M., conocido por el apodo de 'El Loco', admitió ante las autoridades policiales que en julio de 2021 llevó a cabo el asesinato y posterior descuartizamiento de su suegra, utilizando un hacha y un serrucho, para después enterrar el cadáver desmembrado en varias bolsas en un terreno despoblado, a escasos 400 metros de la casa donde vivía con la fallecida y una de sus hijas.
El proceso judicial se concentra en la acusación de asesinato, por la que la fiscalía ha solicitado una pena de 18 años de prisión. Sin embargo, la familia de la víctima está haciendo una firme defensa que exige la máxima pena posible: la prisión permanente revisable, un castigo que consideran adecuado dados los brutales detalles del crimen.
La defensa ha planteado una posición contraria, argumentando que su cliente no debe ser penalmente responsabilizado debido a un trastorno mental que justificaría un internamiento en un centro psiquiátrico penitenciario, evitando así la cárcel convencional. Curiosamente, sentada también en el banquillo se encuentra África, la hija de la víctima y pareja de 'El Loco', acusada por la familia de la víctima, que la considera cómplice en el crimen.
El abogado de la familia ha manifestado serias dudas respecto al papel de África, señalando que no se limitó a encubrir sino que podría haber estado involucrada directamente en la comisión del delito. Un dato alarmante ha surgido en el transcurso del juicio: se descubrió que a la víctima le habían encontrado restos de cocaína en su sistema, lo que sugiere que los acusados pudieron haberle administrado la droga sin su consentimiento, tal vez con la intención de debilitar su estado tanto físico como cognitivo.
Varios vecinos de Chapinería han aportado testimonios a la Guardia Civil, indicando que, semanas antes del crimen, vieron a la mujer siendo llevada por la pareja de los imputados, notando que lucía visiblemente afectada, en un estado que era inusual para ella, ya que nunca había dado muestras de estar así.
Durante las declaraciones iniciales, el acusado afimó de manera inquietante que la cabeza de su suegra, de 73 años, "se la habían llevado las alimañas". El asesinato ocurrió durante el fin de semana del 25 de julio de 2021, cuando el cuerpo sin vida de María Luisa Camacho fue encontrado semienterrado en las afueras de Chapinería. Hasta la fecha, la cabeza de la víctima sigue sin ser hallada.
En la primera jornada del juicio, la instructora del caso detalló que el 4 de agosto de 2020, se recibió un aviso que alertaba del descubrimiento de restos humanos en una zona de Chapinería. Posteriormente, se identificó el cadáver como el de María Luisa, quien constaba como desaparecida. Esto llevó a la policía a realizar un registro de su domicilio, donde encontraron evidencias de sangre en distintas partes de la casa, así como en un cuchillo y en una llave inglesa.
A raíz de esta evidencia, fue detenido Emilio, quien no tardó en confesar el crimen y relatar cómo lo llevó a cabo. Según el relato del fiscal, el ataque se produjo entre las 17 horas del 23 de julio y las 12 horas del 25 de julio de 2021, cuando el acusado, aprovechando su "superior fuerza" y constitución física, emboscó a la víctima en el sofá de su propio hogar, propinándole una puñalada mortal en el cuello.
Las motivaciones detrás del brutal ataque parecen estar ligadas a una discusión anterior, cuando la suegra del acusado les hizo comentarios despectivos, tildándoles de okupas y pidiéndoles que abandonaran su hogar. Este trágico suceso ha desatado un debate sobre la violencia de género y la protección a las víctimas, además de evidenciar la complejidad de la salud mental en la justicia penal.
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