MADRID 5 Dic.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha tomado una decisión clave al ordenar a la jueza de Navalcarnero que profundice en su investigación sobre Ana Millán, la exalcaldesa de Arroyomolinos y actual vicesecretaria de Organización del Partido Popular en Madrid. Esta investigación se centra en la supuesta comisión de delitos de corrupción relacionados con varios contratos que se consideran irregulares durante su mandato como concejala.

En un auto que ha sido objeto de análisis por Europa Press, el TSJM ha rechazado la inhibición que la magistrada había acordado el 13 de junio, devolviendo la causa para que se efectúen las diligencias necesarias que aún quedan pendientes. Este hecho subraya la importancia que el tribunal otorga a la denuncia de posibles irregularidades en la gestión pública.

Asimismo, el TSJM ha solicitado que la jueza presente un informe razonado que explique los motivos por los cuales considera que los hechos denunciados constituyen delitos, así como su posible imputación a la acusada, y la razón por la cual el tribunal tiene competencia en el caso.

El magistrado del TSJM ha apuntado que la inhibición previa no establece un vínculo claro entre ciertos hechos que, de forma aislada, podrían no tener la naturaleza de un delito en sí, y la obtención de beneficios patrimoniales que podrían haber sido logrados, ya sea para la investigada o para personas cercanas a ella. Esto incluye la mención específica de que, supuestamente, Millán recibió 51.104,67 euros de una empresa en relación con el alquiler de un ático en Arroyomolinos entre 2008 y 2012, lo cual no se relaciona directamente con su actuación como concejala, según el auto del tribunal.

El pasado mes de octubre, la jueza reafirmó su postura al indicar que existen indicios "sólidos" y "suficientemente justificados" en el caso de la exalcaldesa. Esta declaración se dio a conocer en un auto en el que la magistrada parcialmente aceptaba un recurso de reforma presentado por el Ministerio Fiscal, impugnando la decisión de inhibición del junio anterior.

En su argumentación, la jueza concluyó que existen fundamentos para investigar delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude a la administración pública en el contexto de la gestión de Millán.

Una de las bases de esta decisión provino de un informe de la Guardia Civil, que sostiene que durante el periodo de 2005 a 2011, el Ayuntamiento adjudicó nueve contratos (siete de mayor cuantía y dos menores) a empresas bajo la dirección de Francisco Roselló. Este análisis fue crucial para reafirmar las sospechas de irregularidades en la adjudicación de contratos públicos.

Finalmente, la magistrada subrayó que las conclusiones del informe, junto con las diligencias realizadas, como registros, solicitudes de pruebas documentales, declaraciones de las partes involucradas y testigos, llevaron a una determinación de que los indicios contra la investigada son sólidos y justifican la necesidad de seguir adelante con la investigación, teniendo en cuenta que, debido al cargo que Millán ocupa actualmente, goza de aforamiento y, por lo tanto, es prudente que se permita a un órgano competente decidir sobre la conveniencia de nuevas diligencias en este caso.