Crónica Madrid.

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El TSJM convoca a las partes el 24 de mayo por la querella de la pareja de Ayuso

El TSJM convoca a las partes el 24 de mayo por la querella de la pareja de Ayuso

El juez de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha fijado una cita para el próximo 24 de mayo a las partes involucradas en la querella presentada por Alberto González Amador. Esta querella incluye acusaciones contra la fiscal jefe de Madrid, María Pilar Rodríguez Fernández, y el fiscal Julián Salto Torres por presunta revelación de secretos por parte de un funcionario.

La apertura de las diligencias se llevó a cabo después de que la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal admitiera la querella el pasado 7 de mayo.

En un auto al que tuvo acceso Europa Press, la Sala ha acordado citar a las partes el 24 de mayo a las 12 horas para que ratifiquen las respectivas querellas, entre otras primeras diligencias.

La presunta revelación de secretos está relacionada con la información difundida por la Fiscalía de Madrid sobre correos electrónicos entre el abogado de la pareja de la presidenta regional madrileña y el fiscal en relación con una investigación por fraude fiscal.

La admisión de la querella ocurrió a pesar del informe en contra de la fiscal María de la O Silva, quien recomendó su inadmisión por falta de relevancia penal.

En el auto de admisión, la Sala enfatizó que investigar el alcance de los hechos relatados en la querella es fundamental para determinar si tienen carácter delictivo, negando que la admisión implique una imputación anticipada.

La Sala de lo Civil y Penal del TSJ de Madrid discrepó con el Ministerio Público en cuanto a la inadmisión de la querella, argumentando que los hechos narrados eran atípicos y debían ser investigados para comprender completamente su implicación penal.

Los magistrados también señalaron que la Fiscalía justificó la emisión de una nota informativa para contrarrestar ciertas informaciones, asegurando que estaba amparada por su normativa orgánica y el deber de informar a la sociedad sobre eventos relevantes.

Por lo tanto, la Sala consideró necesario indagar si se violó el deber de confidencialidad en las actuaciones penales, incluidas las preprocesales realizadas por el Ministerio Fiscal, y que esto requería una investigación adecuada mediante la instrucción del caso.