El Refugio pide prisión para 'el vampiro de Humanes' por maltrato animal e intrusismo
El Refugio pide prisión para 'el vampiro de Humanes' por maltrato animal e intrusismo, en un caso que revela actividades clandestinas en Madrid.
La organización protectora El Refugio ha solicitado una pena de tres años y seis meses de prisión para Luis Miguel Viñals, conocido como 'el vampiro de Humanes'. La acusación se basa en delitos continuados de maltrato animal y en intrusismo profesional, además de la inhabilitación de cuatro años para actividades relacionadas con animales.
El caso se encuentra en fase intermedia en un juzgado de Fuenlabrada, donde se investiga a Viñals por supuestamente torturar animales y comercializar su sangre. También se le atribuye haber ejercido actividades veterinarias sin la titulación correspondiente, actuando en la clandestinidad desde 2013 en diferentes instalaciones, primero en Las Nieves y desde 2020 en una finca en Humanes.
Este procedimiento incluye a otros nueve acusados, considerados colaboradores necesarios. La organización solicita 18 meses de prisión para ellos y también propone la inhabilitación para actividades relacionadas con animales durante cuatro años. La actividad ilícita supone una grave vulneración del bienestar animal y la normativa legal vigente.
El caso revela la existencia de una red clandestina dedicada a la extracción y venta de sangre animal, en la que Viñals operaba sin ninguna licencia sanitaria o veterinaria. La actividad, que comenzó en 2013, se realizaba en instalaciones no autorizadas y en condiciones que ponían en riesgo la integridad de los animales.
El contexto político en Madrid, donde las regulaciones sobre protección animal y control sanitario están en constante revisión, refleja una preocupación creciente por la protección del bienestar animal y la lucha contra el intrusismo profesional. Las autoridades reforzaron en los últimos años la supervisión de actividades relacionadas con animales, ante casos como este que evidencian prácticas clandestinas y peligrosas.
De cara al futuro, se espera que este caso sirva para intensificar los controles y sanciones en actividades que vulneren la legislación sobre protección animal y salud pública. La intención es prevenir que actividades similares vuelvan a producirse, reforzando la colaboración entre instituciones y organizaciones protectoras.