Crónica Madrid.

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El Ramiro de Maeztu abrirá la primera escuela para hijos de funcionarios de la Unión Europea en Madrid.

El Ramiro de Maeztu abrirá la primera escuela para hijos de funcionarios de la Unión Europea en Madrid.

La Comunidad de Madrid acogerá a partir del curso 2024/25 la primera y única Escuela Europea Acreditada (EEA) de España, que estará ubicada en el instituto público Ramiro de Maeztu en el distrito de Chamartín en la capital. Esta escuela se dedicará a proporcionar una educación homogénea y equiparable para los hijos de funcionarios de la Unión Europea, que a menudo cambian de destino dentro de sus fronteras debido a la naturaleza de sus trabajos.

Según la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, esta escuela funcionará como una sección dentro de las instalaciones del Ramiro de Maeztu y estará abierta a la matrícula de cualquier alumno, aunque se dará prioridad a los estudiantes de la UE. Las clases se impartirán en inglés y español y comenzarán el próximo año escolar, abarcando desde 1º y 2º de Primaria hasta 1º de Secundaria de Escuelas Europeas (equivalente a 6º de Primaria).

Los estudiantes del Ramiro de Maeztu compartirán actividades tanto educativas como extraescolares con los alumnos de la EEA, lo que fomentará el enriquecimiento cultural en un ambiente multilingüe y multicultural.

Los docentes de la nueva escuela serán funcionarios públicos seleccionados en función de su especialización y nivel lingüístico, de acuerdo con los requisitos de la EEA y la regulación de la Comunidad de Madrid.

La decisión de unirse a esta iniciativa fue aceptada por el Consejo Superior de Escuelas Europeas, que representa a todos los Ministerios de Educación de los estados miembros. Sin embargo, la Federación de Enseñanza de CC.OO Madrid ha expresado su preocupación por la falta de transparencia y la ausencia de memoria económica en el proceso, advirtiendo que podría resultar en el cierre de unidades en un centro con lista de espera.

Isabel Galvín, secretaria general del sindicato, ha señalado que la falta de información clara para el profesorado y las familias, así como la opacidad de la Administración en el procedimiento, plantean serias dudas sobre la viabilidad y el impacto de esta iniciativa.