En Madrid, a 12 de noviembre, se ha formado una alianza entre los grupos socialistas de las ciudades de Madrid y Málaga, con el objetivo de frenar lo que consideran un “urbanismo a la carta”. Esta colaboración se establece como respuesta a la supuesta “incompetencia” del gobierno del Partido Popular, que, según los socialistas, no hace más que abrir las puertas a la especulación inmobiliaria y adoptar medidas superficiales que no abordan el problema real de la vivienda.

La alianza, que lleva como bandera la defensa del derecho a la vivienda, tiene cinco puntos fundamentales que fueron acordados entre Reyes Maroto, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, y Daniel Pérez Morales, su homólogo en Málaga. La primera exigencia es que ambas ciudades sean declaradas como zonas de mercado residencial tensionado, una medida clave para abordar la crisis habitacional que afecta a ambos lugares.

El segundo punto de este acuerdo destaca la necesidad de garantizar de manera permanente la calificación de vivienda de protección oficial (VPO), asegurando que estas viviendas no puedan ser descalificadas en el futuro. Maroto ha enfatizado que “no se puede especular con la vivienda de protección oficial”, marcando así un compromiso firme del PSOE para proteger este tipo de propiedades.

Asimismo, la tercer aspecto esencial del pacto consiste en promover la construcción de un parque público de vivienda en alquiler que represente un 20% del total del parque inmobiliario. Para lograr esto, se propone calificar el suelo municipal destinado a uso residencial como suelo de dominio público, dificultando así su futura enajenación y facilitando que las empresas municipales de vivienda gestionen el suelo residencial.

Entre otras medidas, los socialistas pretenden establecer una colaboración más activa con el sector privado, utilizando fórmulas que permitan promover las propiedades municipales. Esto incluye la aprobación de planes de inversión a largo plazo que ayuden a implementar programas de vivienda a precios asequibles, respondiendo a la creciente demanda que existe en las dos ciudades.

Maroto también ha presentado cifras alarmantes, destacando que el parque de vivienda pública en Madrid apenas alcanza las 8,650 unidades, en comparación con las 45,000 solicitudes existentes por parte de ciudadanos que buscan una vivienda asequible.

El cuarto punto de este acuerdo entre Madrid y Málaga incluye la propuesta de un nuevo recargo en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para aquellos propietarios que mantengan viviendas vacías por un periodo prolongado de más de dos años, alineándose así a los requisitos establecidos por la Ley de Vivienda estatal.

Finalmente, el último aspecto del pacto se centra en la regulación de las viviendas de uso turístico (VUT). Buscan la clausura total de las VUT ilegales, con un plan de control que refuerce la inspección y la imposición de sanciones a infractores, además de prohibir cualquier cambio de uso en edificios residenciales destinados a hospedaje.

“No podemos permitir que la situación continúe como hasta ahora”, ha declarado Maroto, señalando que la proliferación de vivienda turística ilegal no solo afecta a los vecinos que han vivido en los barrios toda su vida, sino que también es perjudicial para el modelo turístico sostenible. Ha subrayado que Madrid no puede seguir teniendo 14,000 viviendas ilegales, por lo que es urgente actuar.

Maroto ha criticado abiertamente a los gobiernos del PP en Madrid y Málaga, acusándolos de ser culpables de la situación que facilita que la vivienda se haya convertido en un lujo inaccesible para la mayoría de la población. Tras calificar de “insumisos” a estos gobiernos por no aplicar adecuadamente la Ley de Vivienda, ha instado a que el PSOE ponga fin a estas políticas que benefician a quienes especulan con la vivienda.

El portavoz socialista en Málaga, Daniel Pérez Morales, también ha abogado por que ambas ciudades sean declaradas como tensionadas en cuestión de vivienda, afirmando que el acceso a comprar o alquilar una vivienda asequible se ha vuelto prácticamente imposible en ambas ciudades.

Pérez Morales, además, ha centrado su crítica en el actual gobierno del Partido Popular, tanto en la Comunidad de Madrid con Isabel Díaz Ayuso como en Andalucía bajo el liderazgo de Juanma Moreno Bonilla, acusándolos de desatender las necesidades reales de los ciudadanos en materia de vivienda. “Ambos están compitiendo por ver quién se desentiende más de la ciudadanía”, ha enfatizado.

Respecto a Málaga, ha resaltado que “hay 34,000 demandantes de vivienda de protección oficial en una población de 590,000 habitantes”, una cifra que refleja una situación insostenible, especialmente considerando que el número de viviendas de uso turístico legalmente registradas asciende a 13,000. Esta desproporción es vista por el PSOE como un claro signo de un “descontrol” en la política urbanística local.

Pérez Morales ha declarado que la situación actual, en la que hay más viviendas turísticas registradas en Málaga que en otras ciudades más grandes como Madrid o Barcelona, es totalmente inadmisible. Acusó a la administración local de haber “puesto alfombra roja” a la especulación, favoreciendo a los inversores a costa de los vecinos.

Finalmente, ha instado a que se aplique una moratoria sobre las VUT, citando el ejemplo de Barcelona donde se están tomando decisiones firmes para eliminar este tipo de propiedades que afectan negativamente a los residentes. Un llamado a la acción que busca revertir la situación actual y priorizar el derecho a la vivienda para todos los ciudadanos.