• martes 06 de diciembre del 2022
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El PSOE recurre el fichero de Aguirre y afirma que hubo "un plan concertado para financiar ilegalmente" al PP de Madrid

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Se sostiene en 'Gürtel' para soliciar que se procese al PP como partícipe a título lucrativo y responsable penal

MADRID, 20 Oct.

El PSOE ha recurrido la resolución del juez de la Audiencia Nacional (AN)) Manuel García Castellón de archivar la parte separada número 9 de la macrocausa 'Púnica', entre otros muchos, para la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, asegurando que la investigación reveló "un plan concertado" desde su llegada a la Presidencia que procuraba "hallar financiación excepcional" para el PP regional.

En un escrito de 112 páginas, al que tuvo ingreso Europa Press, los socialistas señalan asimismo al sustituto de Aguirre, Ignacio González, al exconsejero Francisco Granados y al exgerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez como la gente que, al lado de la expresidenta, se sostuvieron "siempre y en todo momento en las situaciones de toma de resolución" en los años en los que habría persistido esa presunta estrategia delictiva.

"Toda esta parte debe verse como un plan, concebido desde su comienzo, para financiar ilegalmente al Partido Popular. Y financiación ilegal no es solo falsear las cuentas electorales o exceder el límite de gasto electoral, sino para llegar a tal fin, debe recaudarse el dinero, lo que en un caso así se hace por diferentes medios, a través de adjudicación de contratos sin prestación de servicio, o sobrestimados, pagos en metálico, facturación falsa, pago a cargo de otros contratos adjudicados a terceras personas en forma de comisión en pos del Partido Popular", denuncian los socialistas.

A juicio del PSOE, ese plan se inició con la llegada de Aguirre a la Presidencia en las selecciones de 2003 y nació de la "necesidad de seguir al pago de los costos electorales expepcionales en los que se había incurrido". "Y que se extiende en el tiempo para ir sufragando los consecutivos actos ahora fueran electorales o no, pero para los que no se reparaba en costos, hasta la intervención policial y la salida de los cargos en la administración madrileña de los diferentes competidores", mantiene.

El partido que lidera Pedro Sánchez cree que "las campañas electorales fueron el instante en que se pusieron en acción todos y cada uno de los elementos conseguidos de antemano". Son esos elementos, sostienen, los que dejaron al PP "asistir a esas campañas en una situación financiera esconde y diferente a la del resto contendientes".

"Las continuas adjudicaciones fraudulentas de contratos públicos, el desvío de dinero público, la utilización fraudulenta de subvenciones públicas, las permanentes falsedades reportajes, la utilización y colaboración de compañías similares para pagos a otros terceros, el pago de servicios personales usando entes administrativos* solo se consigue a entender y solo tiene sentido si lo ponemos en directa conexión con la financiación ilegal", señala el PSOE.

Los socialistas han recurrido frente García Castellón su resolución de archivar para Aguirre y González por la supuesta vida de una 'caja b' asimismo en el PP de Madrid, con la que se habrían financiado relativamente las selecciones de 2007, 2008 y 2011, unas supuestas corruptelas por las que sí procesó a Granados y Gutiérrez.

García Castellón señaló entonces que los hechos relativos a los comicios de 2007 y 2008 estarían precriptos, pero ve rastros de delito en los de 2011, precisando que, si bien la cuenta electoral registró unos costos de 2,9 millones de euros --los declarados frente a la Cámara de Cuentas--, los costos totales que para el PP de Madrid supusieron las selecciones municipales y autonómicas ascendieron a 6,8 millones.

El PSOE, no obstante, cree que el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 no debió "utilizar de manera automática la prescripción, delito a delito, por separado, sin tener en consideración el contexto general y las correspondencias entre los diferentes hechos".

Así, arguye que, al existir certamen delictivo, los delitos de cohecho, malversación, estafa, prevaricación y falsedad reportaje prescribirían a los 15 años. "Si, además de esto, tenemos en consideración que estos delitos concurren en certamen medial del producto 77 C.P., de conformidad con la reforma del mismo operada en el año 2010, la pena a imponer podría ser aun mayor a los quince años, con lo que la prescripción de tales delitos se generaría por el lapso de veinte años", añade.

A su juicio, "no es el instante procesal oportuno para realizar un análisis de la prescripción de delitos en los que concurre exasperación de la pena, análisis que solo puede realizarse en sentencia". Esto, arguye, "fortalece la imposibilidad de una declaración tan precipitada y prematura de la prescripción". "Pero lo que si resulta visible es que no concurre prescripción de ninguno de los probables delitos objeto de investigación", concluye.

Combate del mismo modo la resolución del juez de negar su solicitud y la de IU de imputar al PP como partícipe a título lucrativo. En este sentido, no solo solicita que le procese como tal por los hechos investigados que tuvieron rincón entre 2003 y 2013, sino más bien además de esto como "responsable penal" por los sucedidos desde 2014 y hasta el desenlace del periodo de tiempo analizado, en el momento en que se le podría achacar esa compromiso gracias a los cambios legales operados.

Para García Castellón, sería "improcedente" pues los hechos no guardan relación con el partido nacional, sino más bien, en cualquier caso, "con el ente territorial que disfruta de plena autonomía y autogestión para sus intereses". Y, seguidamente, pues sería una imputación "superflua y también inútil", ya que los probables delitos están precriptos.

La acusación socialista afirma que es "completamente falso" que el PP nacional sea un individuo jurídica diferente del PP madrileño. "Es mucho más, según los propios estatutos del PP el gerente (responsable de las cuentas electorales y del partido) es dependiente de la Gerencia Nacional. De hecho, en la situacion de Beltrán Gutiérrez fue el Partido Popular Nacional quien procedió a su despido", asegura.

En este sentido, resalta que "la presentación de cuentas debe de hacerse de manera afianzada, con lo que el Partido Popular debe integrar y consolidar las cuentas regionales y, por ende, hacerse responsable de exactamente las mismas".

Para remarcar sus razonamientos cita los errores de 'Gürtel' que condenan al PP como partícipe a título lucrativo. "La sentencia y la jurisprudencia es clara y contundente, cualquier aportación de dinero ilícito a las cuentas así sean electorales o a ocupaciones del PP, se generen donde se generen, favorecen al PP y consecuentemente este acepta la compromiso", zanja.

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