Se combaten a penas de entre 4 y nueve años de prisión por múltiples delitos, incluidos revelación de misterios

MADRID, 3 Sep.

Francisco Nicolás Gómez Iglesias, popular como 'El Pequeño Nicolás', y el comisario jubilado José Manuel Villarejo acaparan la agenda de juicios de la Audiencia Provincial de Madrid en este nuevo año judicial con métodos que tienen dentro supuestos delitos de revelación de misterios y también intento de estafa.

'El Pequeño Nicolás' se encara a 15 años y nueve meses de prisión por 2 causas que se prosiguen en contra suya; una por haber presuntamente accedido a bases de datos policiales y otra por un intento de estafa al hacerse pasar por un asesor del Gobierno. Para el comisario, la Fiscalía solicita 4 años de prisión por grabar y dar a conocer una asamblea entre agentes de la Policía Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre la investigación relativa al joven Gómez Iglesias.

El primero de los juicios va a tener sitio los días 25 y 26 de octubre. Se acusa a 'El Pequeño Nicolás' de haber accedido "en múltiples oportunidades" a "información de carácter confidencial correspondiente al Ministerio del Interior que actuaba en las bases de datos policiales".

La Fiscalía solicita para él nueve años y nueve meses de prisión por integración en conjunto criminal, un delito continuado de hallazgo y revelación de misterios y de violación de misterios como inductor y un delito de cohecho activo. En este trámite no participará la Abogacía del Estado, que decidió apartarse.

Esos días asimismo se van a sentar en el banquillo de los acusados el que fuera coordinador de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid, Emilio García-Grande, el guarda civil Francisco Javier Sánchez López, los policías municipales Jorge González Hormigos y Felipe Gallego Santos, y el usado municipal José Luis González Cervera.

Según la investigación, el 'modus operandi' "siempre y en todo momento fue exactamente el mismo": Gómez Iglesias facilitaba a uno o múltiples de los investigados placas de matrículas de automóviles, líneas de teléfonos o números de identificación. "Acto seguido, éstos, utilizando su condición de agentes del Cuerpo de Policía Municipal del Ayuntamiento de Madrid procedían a obtener de estas bases la información requerida y se la facilitaban a Francisco Nicolás en lugar de promesas y retribuciones económicas", apuntó el juez en el momento en que le procesó.

El próximo juicio va a ser el 8 noviembre, si bien en este Gómez Iglesias no figura como acusado. En esta ocasión quien se va a sentar en el banquillo va a ser Villarejo, por grabar y dar a conocer una asamblea entre agentes de la Policía Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre la investigación relativa a 'El Pequeño Nicolás'.

Al comisario le van a acompañar su mujer Gemma Alcalá, y el periodista Carlos Mier por un presunto delito de hallazgo y revelación de misterios. Está sosprechado que las sesiones del juicio se extiendan hasta el 2 de diciembre.

Por esta causa, Villarejo se encara a la solicitud de 4 años de prisión que efectuó la Fiscalía al considerarle el supuesto creador del delito de hallazgo y revelación de misterios. El Ministerio Público concluyó que su mujer y el periodista actuaron como colaboradores preciso, con lo que demanda para ellos penas de tres años de prisión.

Los hechos se remontan a una asamblea conmemorada el 20 de octubre de 2014 entre el comisario entonces jefe de la Unidad de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas y unos agentes del CNI a los que iba a reportar sobre la investigación en curso sobre Gómez Iglesias.

El contenido de la asamblea fue grabado y más tarde publicado en el portal Información Sensible, del que era titular Alcalá, y en el que trabajaba Mier. El escrito del fiscal señala de qué forma habrían perpetrado los hechos que se les imputan.

Tras tres años de investigación, Villarejo, Alcalá y Mier fueron procesados, no de este modo Gómez Iglesias, que quedó fuera de esta parte separada por carecer de pruebas en contra suya. La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid, Pilar Martínez Gamo, envió al banquillo al comisario por organizar al periodista "hacer la grabación" para "saber su contenido y divulgarlo con fines espurios" en el medio propiedad de su mujer.

Un tercer juicio se festejará el 6 y 13 de febrero de 2023 y va a ser relativo al intento de estafa que habría cometido 'El Pequeño Nicolás' en 2014 contra el empresario Javier Martínez de la Hidalga, frente quien se presentó como un asesor de la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría para facilitarle la venta de un inmueble que esta persona tenía en Toledo.

Según explicó el previo instructor del caso, Arturo Zamarriego, en un coche con el que le procesó en el primer mes del verano de 2018, Gómez Iglesias solicitó al empresario 300.000 euros y le logró opinar además de esto que se iba a seguir de forma inminente a un embargo de Hacienda sobre sus cuentas y las de su familia.

En octubre de 2014 quedó con Martínez de la Hidalga en una sucursal del Banco Santander y allí, en una asamblea con el directivo de exactamente la misma, se presentó como asesor de Sáenz de Santamaría. El empresario solicitó sacar de la entidad quinientos mil que tenía allí depositado.

Como el banquero manifestó sus reservas por las demandas de la legislación en prevención del blanqueo de capitales, Gómez Iglesias habría simulado una llamada a Sáenz de Santamaría y manifestó después que no habría inconvenientes con ese tema. En el curso de esa asamblea, según señala el coche, 'El Pequeño Nicolás' dejó en la mesa del despacho un 'dossier' con el membrete de "Gobierno de España".

En este trámite, Gómez Iglesias se encara a seis años de prisión que solicitan para él la Fiscalía y la Abogacía del Estado por los delitos continuados de usurpación de funcionalidades públicas y falsedad en archivo oficial en certamen con uno de falsedad.

Al margen, Villarejo asimismo deberá asistir a la Audiencia de Madrid en calidad de testigo, en un juicio que se festejará el 31 de enero de 2023. Esta causa se enfoca en Alí Shan y también Ijaz Ahmad, quienes fueron contratados por la Dirección General de la Policía para formar parte en la investigación que hacía la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta (UCDV) para traducir diálogos telefónicas detenidas en el contexto de una pesquisa apuntada por el Juzgado de Instrucción número 5 de Fuenlabrada (Madrid).

El empresario Harischandra Tarachand Varma, entre los investigados en tal trámite y a quien se le habían intervenido múltiples diálogos, denunció en el mes de abril de 2014 frente Asuntos Internos que los traductores le habían extorsionando. De acuerdo con el escrito del Ministerio Fiscal, le ofrecieron datos de la causa en lugar de un pago inicial de diez.000 euros que iría incrementando y le conminaron con "influir en contra suya" si no accedía.

Por su parte, Villarejo está pendiente de que la Audiencia de Madrid fije fecha para el juicio en el que la Fiscalía le solicita una lástima de 13 años y un par de meses de prisión por las presuntas amenazas y coartes que de manera "reiterada" y también "insistente" hicieron a la doctora Elisa Pinto a fin de que no denunciara al empresario Javier López Madrid.