El juez Juan Carlos Peinado ha decidido archivar el 'caso Begoña Gómez' ganando un nuevo episodio en la polémica que rodea a las figuras del Gobierno, al liberar de toda imputación al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre. Esta resolución tuvo lugar el jueves, tras la intervención de la Audiencia Provincial de Madrid, que cuestionó la validez de la acusación presentada contra Aguirre, considerando que se sustentaba en meras especulaciones.

Mediante un auto que ha sido accesible para Europa Press, el magistrado del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid ha decretado el sobreseimiento libre de la causa contra Martín Aguirre, quien se enfrentaba a acusaciones relacionadas con un supuesto desvío de fondos públicos.

En el texto del auto, el juez Peinado señala que, a la vista de lo expuesto en la decisión de la Audiencia Provincial, se ha demostrado de manera concluyente que Aguirre no tuvo participación en los delitos imputados.

Este caso comenzó en mayo, cuando el juez admitió la demanda presentada por el partido Vox, que vinculaba a Martín Aguirre con irregularidades en la contratación de la asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, al momento de su actuación como secretario general de la Presidencia en julio de 2021.

El inicio de este mes de diciembre, la Audiencia Provincial de Madrid atendió los recursos interpuestos tanto por la Fiscalía como por la Abogacía del Estado, revocando parcialmente la decisión inicial que había llevado a la imputación de Aguirre y desestimando la querella de Vox.

Los magistrados indicaron en su fallo que no había evidencia de que Aguirre supiera que la asesora Cristina Álvarez pudiera haber excedido sus funciones bajo instrucciones de Begoña Gómez, sosteniendo que la imputación se basaba en suposiciones sin fundamentos claros.

La Audiencia también recordó que, en junio, se había expresado la necesidad de dirigir la investigación hacia el cumplimiento de las funciones de Álvarez y si estas habían sido sobreejidas en relación con el hipotético “plan delictivo” de Gómez.

Los jueces argumentaron que las funciones de la asistente incluían la gestión de diversos aspectos logísticos para la esposa del presidente del Gobierno, lo que les llevó a señalar que la dirección de la investigación debía enfocarse en quiénes realmente hacían uso indebido de las funciones públicas.

Según los magistrados, la búsqueda de responsabilidad debería centrarse en aquellos que utilizan un cargo en beneficio personal, y no en aquellos que simplemente se encargan de funciones dentro del marcado ámbito de su labor.

En su argumentación, insistieron en que la legalidad del nombramiento de Álvarez no estaba en duda y que era fundamental aplicar esta interpretación en el caso.

La resolución se produjo a raíz de la consulta del juez sobre si las partes consideraban pertinente archivar la causa, especialmente después de que la Fiscalía así lo solicitara, considerándolo incomprensible que Aguirre continuara bajo investigación tras exonerar a Judith González, su sucesora.

Este caso abarca una serie de presuntos delitos, incluido el tráfico de influencias y la malversación de fondos públicos, aunque hasta el momento, la única acusada directamente es Begoña Gómez, frente a Martín Aguirre, que solo era señalado por la supuesta malversación en relación a su papel en la contratación de Álvarez.