Trata a ocho personas, con Granados y Beltrán Gutiérrez como máximos líderes, y archiva para 71 investigados

El juez de la Audiencia Nacional (AN) Manuel García Castellón ha acordado este viernes alzar las imputaciones que pesaban sobre la ex- presidenta madrileña Esperanza Aguirre y su sustituto Ignacio González por la supuesta vida de una 'caja b' asimismo en el PP de Madrid con la que se habrían financiado relativamente las selecciones de 2007, 2008 y 2011, unas supuestas corruptelas por las que sí ha procesado al ex- asesor Francisco Granados.

Así mismo, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 se alinea con la Fiscalía, que solicitó exculpar a Aguirre, al no ver rastros de que fuera "conocedora" de las actuaciones de la trama 'Púnica'; y a González, en tanto que, si bien Anticorrupción vio rastros de que habría cometido un delito electoral en las selecciones autonómicas de 2007, concluyó que estaría prescrito.

Desde 2014, la AN estudiaba esta parte separada número 9 de 'Púnica' por la supuesta financiación ilegal del PP de Madrid en las autonómicas de 2007 y 2011 y las en general de 2008, tal como las adjudicaciones efectuadas en ese transcurso por la administración madrileña el ámbito de la contratación pública y, específicamente, los contratos de reputación 'en línea' para ubicar a altos cargos del PP en las comunidades.

García Castellón señala que los hechos relativos a los comicios de 2007 y 2008 estarían precriptos, pero ve rastros de delito en los de 2011, precisando que, si bien la cuenta electoral registró unos costos de 2.986.624 euros que fueron declarados frente a la Cámara de Cuentas, los costos totales que para el PP de Madrid supusieron las selecciones municipales y autonómicas ascendieron a 6.878.275,04 euros.

El juez trata por estos sucesos a un total de ocho personas: Granados y el ex- gerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez, a los que ubica como máximos causantes de la supuesta trama, tal como a Alejandro de Pedro, Borja Sarasola, Diego Mora, Francisco Lobo, Isabel Gallego, José Martínez Nicolás y las compañías EICO Reputación Management y Madiva Editorial y Propaganda.

García Castellón apunta a probables delitos electorales, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, estafa en la contratación, tráfico de influencias, falsificación y cohecho.

Además de esto, archiva para un total de 71 encausados, entre ellos Aguirre, González, los ex- consejeros Manuel lamela, Lucía Figar, Salvador Victoria y Juan José Güemes, y los hombres de negocios Juan Miguel Villar Mir y Javier López Madrid. Asimismo, el instructor repudia la solicitud de la acusación ejercida por el PSOE de investigar al PP con relación a estos sucesos.

En relación a los investigados que ha sacado de la causa, García Castellón apunta que, en la situacion de Aguirre, "no puede considerarse acreditada su participación en los hechos delictivos" ya que, "alén de la prescripción de los delitos votantes socios a las selecciones autonómicas de 2007 y de 2011, la verdad es que no se han mostrado rastros que dejen asegurar que era conocedora de exactamente los mismos".

El magistrado hace alusión en su coche a una charla mantenida entre Aguirre y González donde se podría "descubrir que exactamente la misma podía suponer, o intuir, que se había sobrepasado el límite del gasto electoral".

No obstante, piensa que esa charla asimismo "declara que no tenía conocimiento de de qué manera había sucedido". "Ya que la aseveración que efectúa cerca de la utilización de la Fundación FUNDESCAN, descartando que fuera instrumento para esto en el momento en que verdaderamente lo era, es un rastro sólido de semejante radical", mantiene.

García Castellón deja claro que, "si bien lo previo podría proponer si se situó en lo que se llama ignorancia deliberada", asegurar "tal cuestión, teniendo en cuenta la sepa de rastros, resulta deficiente para mantener una acusación" contra la ex- dirigente 'habitual'.

En lo relacionado al cambio organizativo a fin de que todas y cada una de las contrataciones de propaganda tuvieran que recibir la conformidad anterior de la Dirección General de Medios, el juez muestra que "tampoco forma un rastro de que Aguirre" hubiera realizado ese cambio "con fines delictivos, ya que ninguna de la gente respecto de las que hay rastros ha proclamado que exactamente la misma participase en métodos de contratación con las impresas de propaganda".

Asimismo se pronuncia sobre los trabajos de reputación llevados a cabo por las compañías de Alejandro de Pedro, al manifestar que "no pudo acreditarse que exactamente la misma tuviera conocimiento, ni de la contratación de los trabajos, ni de su avance, ni de de qué manera se abonaban exactamente los mismos".

LA LIBRETA DE GRANADOS

En cuanto a la operativa que atribuye a los procesados, García Castellón cuenta durante 257 páginas que la primordial fuente irregular de captación de elementos fue mediante aportaciones de dinero en efectivo que le eran entregadas, directa o de forma indirecta, a Granados, entonces secretario regional del PP.

Una vez entregadas --sigue--, Granados registraba los pagos de manera manuscrita en una libreta negra, tras lo que, descontaba de las proporciones una cuantía que retenía para sí o para terceras personas extrañas al partido y el resto lo hacía llegar a Gutiérrez, gerente del PP madrileño y futuro gestor electoral que se ocupaba de realizar los pagos en efectivo que no querían realizar constar frente a la Cámara de Cuentas.

Según la descripción judicial, la relación entre Granados y Gutiérrez era de plena seguridad, ya que exactamente el mismo venía construyendo esa tarea con los distintos secretarios en general de la capacitación política regional y de los distintos directivos de las campañas como nexo de unión entre la gente que "recibían" el dinero en efectivo de terceras personas y, más tarde, lo hacían llegar a la sede regional.

De este modo, García Castellón mantiene que la contabilidad presentada frente a la Cámara de Cuentas "no respondía a la verdad de lo sucedido". Como otra fuente de financiación, añade, se sumó la derivada de la cuenta de la Fundación FUNDESCAM y, ahora de manera transparente, la derivada de nuestra cuenta electoral.

"Para lograr realizar tal plan, era preciso contar, como se había hecho en periodos electorales anteriores, desde la perspectiva de los prestadores de los servicios, con hombres de negocios similares que, haciendo el servicio, más tarde lo facturasen bajo otros conceptos", señala.

"Y, desde la visión de los capital y costos, se hacía preciso, por un lado, usar fuentes de captación de elementos, bien opacas, bien alterando el destino proclamado y, por otra, mover esos elementos a los prestadores de los servicios, bien en metálico, bien por medio de las facturas perturbadas", completa.