MADRID, diez Mar.

El juez de Instrucción número 24 de Madrid ha archivado la demanda interpuesta contra la encargada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, por un delito de prevaricación con relación a una demanda presentada por la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica.

Así consta en un coche, al que tuvo ingreso Europa Press, en el que recuerda el sobreseimiento de la demanda al estimar que "no fué probada" la presencia de delito. La asociación querellante recurrirá el fichero, según ha adelantado a Europa Press.

La demanda contra la encargada se interpuso con fundamento a la autorización el pasado julio de la concentración de un conjunto memorialista en oposición al Congreso de los Diputados el día en el que se aprobó la Ley de Memoria Histórica en el momento en que había resituado un día antes una manifestación de la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica.

Ahora, el magistrado sosten el fichero en que "no hay en la causa elementos suficientes para imputar a la investigada la autoría de los hechos denunciados".

"Lo que resulta acreditado es que el organismo del que es titular la en este momento querellada prosiguió exactamente los mismos criterios para la opinión del
rincón de celebración de la concentración de la asociación querellante, y ninguna de las manifestaciones de la asistencia letrada de la querellante nos puede conducir a la conclusión de que la resolución presentase, rastros suficientes de la comisión de un delito
de prevaricación, de conformidad con la doctrina y la jurisprudencia ahora analizada", apunta la resolución.

En su declaración, la encargada manifestó que las concentraciones comunicadas a la Delegación de Gobierno a festejarse en oposición al Congreso de los Diputados se sitúan en función de criterios "completamente" profesionales y de seguridad.

Los demandantes denunciaban en su escrito que "dependiendo del signo político de la asociación convocante, se genera una distinción, sin base legal alguna, que piensa una restricción ilícita del derecho de asamblea".

Tras terminar la comparecencia, la encargada resaltó que se había quedado apacible tras dejar "totalmente claro" que no hubo ninguna delimitación ni restricción al derecho de manifestación en relación a la asociación querellante.