Crónica Madrid.

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El Gobierno impone seguro obligatorio para patinetes eléctricos y maquinaria agrícola.

El Gobierno impone seguro obligatorio para patinetes eléctricos y maquinaria agrícola.

El Gobierno ha aprobado una nueva ley que obliga a establecer un registro para patinetes y vehículos ligeros antes de enero de 2026. Esta medida es parte del proyecto de ley del seguro del automóvil, que por primera vez incluirá la obligación de tener un seguro de responsabilidad para los propietarios de patinetes eléctricos. La implementación de este registro pretende estar completada antes del 2 de enero de 2026.

Además, la ley considerará cierta maquinaria, como la agrícola o de construcción, como vehículos de motor, requiriendo a sus propietarios tener un seguro obligatorio de automóvil. Esta iniciativa tiene como objetivo facilitar la resolución de conflictos en caso de siniestros relacionados con este tipo de equipos.

A partir de ahora, los vehículos que puedan alcanzar una velocidad mayor a 25 km/h y un peso neto superior a 25 kg, con una velocidad máxima de fabricación de más de 14 km/h, serán considerados como vehículos a motor. Esto afectará a más de dos millones de máquinas, generando un negocio de 200 millones de euros, de los cuales 30 millones beneficiarán a los distribuidores, según estimaciones de la Fundación Inade.

La ministra de Educación y Formación Profesional y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha destacado que el objetivo de estas medidas es mejorar la cobertura, las indemnizaciones y la seguridad de las víctimas de accidentes de tráfico. Con la aprobación de esta ley, España se alinea con la última directiva europea de 2021, que clarifica qué se considera un vehículo a motor y un hecho de circulación.

La nueva legislación introduce mejoras en el sistema de valoración de indemnizaciones por daños personales causados por accidentes de tráfico, empleando un nuevo "baremo" y encargando a una comisión de expertos estudiar la viabilidad de un seguro obligatorio para nuevos vehículos de movilidad personal. Asimismo, se agiliza el proceso de cálculo y pago de indemnizaciones, buscando una resolución rápida sin necesidad de llegar a los tribunales y se actualizarán los importes de las coberturas conforme al Índice de Precios al Consumo.

La normativa ordena la creación de un fondo de garantía en cada país que cubra indemnizaciones en caso de insolvencia de la entidad aseguradora, responsabilidad que en España recae en el Consorcio de Compensación de Seguros. Además, se introducen modificación en la supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras, con el fin de garantizar la idoneidad de sus directivos y la implementación de planes preventivos de recuperación.