Cree la pérdida de 13.000 impositores y 5.000 millones de capital
MADRID, 1 Feb.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid, que encabeza Isabel Díaz Ayuso, ha interpuesto este miércoles frente al Tribunal Constitucional un recurso contra el nuevo impuesto de solidaridad a las considerables fortunas, en el que pide su suspensión cautelar.
Según ha sostenido el vicepresidente y asesor de Educación y Universidades, Enrique Ossorio, el tributo estatal ahora en vigor "ocupa las competencias fiscales y financieras" de las comunidades autónomas agarradas en la Constitución. "Va contra el ahorro y la inversión", ha señalado en la rueda de prensa posterior a la asamblea del Consejo de Gobierno, conmemorada en la Real Casa de Correos.
El Ejecutivo madrileño, en los argumentos jurídicos sobre los que se lleva a cabo el recurso al Alto Tribunal, demanda que "el nuevo impuesto suplanta las competencias autonómicas para la administración de los tributos cedidos, como el Impuesto sobre el Patrimonio, que en la Comunidad de Madrid está bonificado al cien% desde 2008". El desarrollado por el Gobierno central, a su parecer, "impone una cuota nacional para todas y cada una de las zonas de régimen común, invadiendo la administración de las autonomías en la materia, lo que daña de forma particular a los impositores madrileños".
El recurso interpuesto resalta que por esta razón piensa "una separación de autonomía financiera de las comunidades" puesto que perjudica a su política fiscal (producto 156 de la Constitución Española). Además, demanda que su tramitación se ha realizado mediante una enmienda en un Proyecto de Ley que "no debía ver con este tributo, obviando el trámite parlamentario ordinario, sin someterse a solicitud pública y sin tener memoria económica ni dictamen del Consejo de Estado".
El Gobierno madrileño recalca que esto ha impedido el enfrentamiento y la presentación de enmiendas al artículo, "contra el derecho de representación política consagrado en el producto 23 de la Constitución".
El recurso frente al Tribunal Constitucional alarma asimismo sobre visto que el nuevo impuesto "atenta contra la seguridad jurídica, puesto que su app tiene efectos retroactivos para todo 2022 más allá de que entró en vigor el 29 de diciembre de ese año".
"Esto piensa un grave perjuicio para los ciudadanos que no contaban con aguantar esta carga fiscal en ese ejercicio, que realizaron operaciones de inversión o que decidieron ahorrar (confiando en que no estaban sujetos a una exclusiva tributación) y en este momento se marchan a conocer obligados a llevarlo a cabo", sostienen desde le Ejecutivo.
Simultáneamente, el recurso del Ejecutivo autonómico influye en que "se vulneran los principios de aptitud económica y confiscatoriedad recogidos en el producto 31.1 de la Constitución Española", que apuntan que "se contribuirá al sostenimiento de los costos públicos en función a la aptitud económica" y que "en ningún caso, va a tener alcance confiscatorio". Sin embargo, cree que hablamos de una tasa definida como temporal, en un inicio exigible para un par de años, "periodo para el que se han preciso unos tipos imponibles que son estimativos y suponen apresuradamente una manifestación de riqueza falsa, sin tomar en consideración los desempeños reales de los elementos del contribuyente".
En su recurso se recopila que "no está justificada la creación del gravamen al no existir una necesidad recaudatoria real, puesto que se han alcanzado cantidades récord en estos instantes adecuada a la coyuntura económica por la alta inflación y la política fiscal del Gobierno de España". De esta forma, el Gobierno madrileño recalca que se ha ignorado "lo recogido en la Constitución Española en lo que se refiere a la arbitrariedad de los poderes públicos".
Según las estimaciones del Ejecutivo regional, este nuevo tributo del Gobierno de la Nación puede sospechar que dejen de llegar a la Comunidad de Madrid mucho más de 1.200 millones de inversión extranjera por año, aparte de ocasionar la pérdida de 13.000 impositores y 5.000 millones de capital.
