El acusado forzó a los trabajadores a prestar sus servicios "en condiciones perjudiciales, degradantes, dañinas y peligrosas"

MADRID, 6 Mar.

La Fiscalía de Madrid pide ocho años de prisión para el ex- directivo del Departamento de Anatomía y Embriología Humana II de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) José Ramón Mérida Velasco por las condiciones infrahumanas de las instalaciones con ocasión del hacinamiento de cadáveres.

El juicio se festejará el viernes próximo en los juzgados de lo Penal de la ciudad más importante. En preciso, el fiscal pide tres por un delito contra la salud de los trabajadores y uno por todos los cinco delitos contra la integridad ética. La acusación especial representando a los damnificados eleva su solicitud a 21 años de prisión y 264.000 euros de indemnización.

En término de compromiso civil, el fiscal demanda 66.619 euros (técnico 1), 46.401 euros (técnico 2), 77.103 euros (técnico 3), 22.303 euros (técnico 4) y 21.832 euros (técnico 5) y diez.000 euros para (1, 2, 4 y 5) por los daños ocasionados y 3.000 para (3).

Según el relato del fiscal, el médico forzó a los trabajadores a lo largo de años a prestar sus servicios "en condiciones perjudiciales, degradantes, dañinas y peligrosas".

A raíz de que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ordenara en 2014 la paralización de todos y cada uno de los trabajos, al depurarse las responsabilidades por la parte del rectorado de la Universidad se extrajeron del sótano 534 cadáveres.

El escrito de acusación demanda el modo perfecto en que Mérida sometió a los trabajadores "a unas condiciones de penosidad innecesariamente degradantes que trascendieron de la esfera laboral".

Y ello por el hecho de que a lo largo de años desatendió "de manera sistemática" las "justas" solicitudes de los trabajadores "mientras que les culpabilizaba y reprochaba por la situación de desbordamiento que él provocaba, sin proveer ninguna solución".

Una de sus protestas fue la de obligarles a prestar sus servicios en un subterráneo sin ventilación que carecía de las condiciones de higiene mucho más elementales "hasta el punto de que era recurrente la existencia de insectos, vermes y larvas rodeados de restos humanos ulados anárquicamente y sumergidos en el persistente hedor a putrefacción".

Mérida, merced a su cargo, era el primordial responsable de la dirección, control y supervisión de las condiciones laborales del personal técnico de laboratorio.

"El temor a la pérdida del empleo, el empeoramiento de su condición física y mental, la imposibilidad de sostener el orden en su puesto por desbordamiento del ambiente laboral, la ofensa y opinión de las tareas que efectuaban en condiciones vejatorias, sumió a los trabajadores en un estado de desesperanza que provocó modificaciones en la percepción de la verdad que les rodeaba, de forma que admitieron como ineludible y habitual una situación que, de modo propósito, formaba una violación persistente a su dignidad como humanos", demanda la Fiscalía.

Así, el acusado ordenaba a los especialistas los trabajos que debían efectuar o les confiaba tareas de limpieza y desinfección del material quirúrgico, mesas y superficies.

Sin embargo, el gerente del Ministerio Público mantiene que las especificaciones del centro de trabajo y las situaciones en las que el acusado dirigía la actividad laboral de los profesionales "determinaba la creación de un grave peligro para la salud, integridad física y mental de los trabajadores".

Tales situaciones eran conocidas por Mérida "tal como los peligros derivados de exactamente las mismas por su condición de médico y Director del Departamento de Anatomía". Por ejemplo, los especialistas trabajaban en un sótano "que carecía de ventilación correcta" con lo que todos y cada uno de los estaban expuestos a la inhalación de gases.

Incluso la Fiscalía advierte de que no existía "ningún cerramiento particular que impidiese que los vapores de esa substancia estuviesen concentrados y no se extendieran por las distintas salas y corredores o de que utilizaran todos los días distintos artículos químicos probablemente cancerígenos".

Respecto a la cámara frigorífica donde se preservaban elevado número de cadáveres, en el momento en que se averió el acusado ordenó a los profesionales que extrajeran de ella entre 40 y 50 cuerpos y que los dejaran en una salón para ser calcinados.

"Sin embargo, al no poderse seguir a la cremación de los cuerpos por su alto número, se han quedado en tal salón en desarrollo de deterioro o pudrición", añade la Fiscalía.

Para solucionar el inconveniente, Mérida ordenó disponer otro motor "pero asimismo era deficiente y formaba capas de hielo sobre los cadáveres que debían extraerse unos 4 o cinco días antes de su empleo y, tras él, se volvían a ingresar en la cámara en desarrollo de descomposición".

Las instalaciones, según se recopila en el escrito de acusación, no cumplían la normativa normativa de sitios de trabajo puesto que "los trabajadores no disponían de duchas, aseos correctos, vestuarios ni taquillas particulares".

Tampoco la utilización enseñante que hacía con los cadáveres era el mucho más conveniente por el hecho de que los cuerpos accedían al sótano sin protocolo de actuación, sin identificación y sin referencia a su origen o padecimiento de patologías infecto-infecciosas.

"Esta falta de control sanitario de ingreso de cuerpos --enseña la Fiscalía-- determinaba que los trabajadores quedaran expuestos a peligros biológicos, infecciosos y/o parasitarios, que se agravaban por la carencia de un conveniente control sobre la salud de los especialistas".

Pero es que, además de esto, los trabajadores empleaban ropa indebida para efectuar sus tareas y la condiciones de higienes era "deficientes". Tan es conque en el mes de enero de 2014 han comenzado a manifestarse larvas, vermes y también insectos.

El escrito de acusación pone asimismo de manifiesto que los profesionales desempeñaban sus funcionalidades en presencia "persistente" de un fuerte hedor a putrefacción, que manejaban de forma manual y "de modo repetitivo" cargas cuyo peso fluctuaba entre 70 y 120 kilogramos o que se les ordenaba "ingresar los cuerpos en tinas de 1,5 m de hondura y extraerlos desde el fondo para su utilización o destrucción".

Carecían aun de un libro de normas y de desempeño del horno crematorio. A la primera protesta alentada por el mal desempeño de la cámara frigorífica por exceso de cadáveres y el mal fragancia que desprendía, la contestación fue: "las puertas cerradas y que no se hable nada".

Cuando se le expuso la necesidad de llevar los cadáveres a otro lugar la repuesta fue que "era carísimo" y frente al requerimiento a fin de que frenase la afluencia de cadáveres por carecer de espacio, por el momento no hubo contestación.

El 12 de mayo de 2014, por medio de la asesora de su Departamento, el acusado ha dicho a los especialistas que se ataran los machos, que se encontraba muy enfadado con todos ellos, que las cosas iban a proseguir igual y que el que no estuviese a gusto se marchara.

Asimismo, en referencia a la publicación de las fotografías del centro de trabajo en la prensa, manifestó que si se enteraba de quién había sido que se preparara", recuerda la Fiscalía.

Finalmente, al tener conocimiento Mérida de que el 20 de mayo de 2014 iba a tener la primera visita de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social reprochó a los profesionales su negativa a ayudar con él en las tareas de destrucción de cadáveres y efectos tóxicos.