El exalcalde de Navalcarnero enfrenta 10 años de inhabilitación por fraccionar facturas para antigüedades

La Fiscalía de Madrid ha solicitado una condena de diez años de inhabilitación para Baltasar Santos, exalcalde de Navalcarnero, por presuntamente fraccionar facturas destinadas a la compra de antigüedades. El proceso judicial se iniciará en la Audiencia Provincial de Madrid el próximo lunes y se basa en una investigación que cubre el período de 2006 a 2009.

Durante ese tiempo, Santos realizó compras directas y en ferias de antigüedades, adquiriendo piezas que datan entre los siglos XII y XIX. La acusación sostiene que fraccionó los pagos en varias facturas por debajo de los 18.000 euros, límite legal para contratos menores. Además, muchas de estas piezas superaban esa cantidad, lo que indicaría una posible manipulación en los procedimientos administrativos.

El expediente revela que las compras no contaron con los procedimientos formales habituales, ya que se realizaron mediante contratación verbal y sin expediente de aprobación. La emisión de las facturas se retrasó varios años, y en 2014, la empresa Antigüedades Fernández presentó facturas por un importe cercano a los 735.000 euros, sin que se hubiera formalizado un proceso de contratación previo.

Este caso refleja una problemática recurrente en la gestión pública: la utilización de mecanismos informales para compras de gran volumen. La investigación apunta a una posible desviación de fondos y a un incumplimiento de la normativa presupuestaria y contractual vigente en la administración local.

El contexto político en Navalcarnero y en la región madrileña en general ha estado marcado en los últimos años por casos de gestión cuestionada y una mayor insistencia en la transparencia. La futura resolución judicial podría abrir un debate sobre las prácticas administrativas en ayuntamientos y la necesidad de reforzar controles internos para evitar irregularidades similares.

En un escenario más amplio, este proceso ejemplifica la lucha contra la corrupción en la gestión pública local y subraya la importancia de la supervisión legal y administrativa. La sentencia que se dicte podrá marcar un precedente en la fiscalización de compras públicas en municipios de tamaño similar.