El Gobierno de España ha decidido tomar acciones legales y ha presentado un recurso contencioso-administrativo en relación con la oferta del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, que anunció el cierre definitivo del Centro de Recepción, Atención y Derivación (CREADE) destinado a refugios para migrantes. Esta noticia fue confirmada por fuentes oficiales del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que ahora se encuentran a la espera de la decisión judicial correspondiente.

El CREADE, que fue cedido por el Ministerio de Seguridad Social a Migraciones en 2022, ha jugado un papel crucial en la atención de personas refugiadas, especialmente aquellas afectadas por conflictos, incluido el de Ucrania. Durante su operación, el centro ha asistido a más de 100,000 individuos en busca de protección internacional o temporal, según informaciones provenientes del Ministerio dirigido por Elma Saiz.

En el momento actual, el centro alberga a 125 mujeres ucranianas con estatus de protección temporal, muchas de las cuales están acompañadas por niños, así como a mujeres de otras nacionalidades bajo protección internacional. Estos datos destacan la importancia del CREADE en el contexto humanitario de la zona.

Por su parte, la alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, Paloma Tejero, ha exigido obtener información sobre el estado del CREADE y ha manifestado su intención de hacer uso de todos los recursos legales necesarios para asegurar que se ejecute el cierre del centro. En una carta dirigida a la ministra Saiz, la alcaldesa expresó su descontento ante el hecho de que no fue invitada a un evento organizado por el Ministerio en el centro, a pesar del anuncio previo del Ayuntamiento sobre su cierre.

El Ayuntamiento expresó su decisión de clausurar el CREADE, argumentando que su funcionamiento no se ajusta a las normativas necesarias. En la resolución oficial se establece un plazo de cuatro meses para llevar a cabo esta acción, que vence el 17 de enero de 2026. Sin embargo, la alcaldesa ha señalado que hasta ahora el Ministerio no ha enviado ninguna comunicación o plan en relación con esa resolución.

Tejero también indicó que el Ministerio no ha solicitado la certificación que le habilitaría para operar en el centro, y que ni siquiera se han presentado los recursos judiciales correspondientes tras la notificación de la resolución, que debería haberse hecho antes del 17 de noviembre. A pesar de ello, el centro continúa funcionando, lo que ha generado más inquietudes en el Ayuntamiento.

Finalmente, la alcaldesa ha instado a la ministra a que brinde detalles sobre las medidas que el Gobierno tiene previstas para asegurarse de que se cumpla la resolución y se detenga cualquier actividad en el CREADE, que no cuenta con el respaldo normativo necesario. "El Gobierno tiene un mes para ejecutar esta clausura, y el Ayuntamiento de Pozuelo utilizará todos los medios legales a su disposición para hacer cumplir esta orden", concluyó Tejero en sus declaraciones a los medios.