El Ayuntamiento de Madrid ha tomado la medida de precintar el Teatro Barceló, un emblemático establecimiento de ocio en la capital, después de que se levantaran las restricciones judiciales y a pedido del propio juzgado. Esta resolución sigue a una orden de la Agencia de Actividades (ADA) que impuso un cese y precinto por un periodo de un año debido a un exceso de aforo detectado en el local.

Los funcionarios, apoyados por efectivos de la Policía Municipal, llegaron al Teatro Barceló a primera hora de la mañana. Allí, varios empleados expresaron su descontento con esta decisión, que deja en un estado de inquietud y duda el futuro laboral de quienes trabajan en el lugar.

Fuentes del consorcio municipal confirmaron a Europa Press que se ha ordenado un primer precinto de seis meses, seguido de un segundo por una nueva infracción relacionada con el aforo. Esto podría extenderse hasta un año total de clausura del establecimiento.

Al mismo tiempo, integrantes de la Plataforma por el Ocio se hicieron presentes para manifestar su postura ante la prensa. Aseguraron que están dispuestos a agotar todos los recursos legales, incluido un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), aunque admitieron su incertidumbre sobre si el Teatro Barceló podrá reabrir durante la temporada navideña.

La notificación del precinto a partir del 27 de noviembre advierte que el incumplimiento de esta orden podría acarrear responsabilidades legales, tanto penales como administrativas, según la normativa vigente.

Jesús Martínez, portavoz de la plataforma, criticó al delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad de Madrid, Borja Carabante, afirmando que con esta acción se están cruzando “líneas rojas” y anunció el fin de las negociaciones con el Ayuntamiento, al considerar que esta medida socava la integridad y profesionalidad en la gestión de los locales de entretenimiento.

El portavoz añadió que la situación constituye un "choque de trenes" entre las pequeñas y medianas empresas del sector de servicios y el Ayuntamiento, justo en un momento en que la gastronomía y la vida nocturna de Madrid están brillando como grandes atractivos turísticos y motores de riqueza para la ciudad.

Martínez también calificó la acción del Ayuntamiento como un "conflicto sin precedentes" que debería obligar a una reflexión por parte de las autoridades locales, advirtiendo que los precintos y los cierres prolongados amenazan la sobrevivencia de estas empresas, y acusó al Consistorio de incumplir compromisos previos durante el proceso de negociación.

El portavoz subrayó que cerrar el Teatro Barceló es en realidad atacar a una empresa con más de 45 años de historia y que ha traído a Madrid la marca Pachá, operando de manera responsable cada fin de semana sin incidentes significativos en términos de seguridad.

Además, expresó dudas sobre la capacidad y rigor del personal técnico de la Agencia de Actividades a la hora de gestionar los aforos en los locales nocturnos, sugiriendo que este aspecto es un problema recurrente que necesita atención inmediata.

El motivo del precinto se basa, según las explicaciones de Carabante, en dos infracciones graves que pusieron en riesgo la seguridad de los asistentes al superar el límite permitido de aforo. Desde hace algún tiempo, las asociaciones del sector reclaman una revisión de la normativa que regula estos límites, enfatizando la necesidad de actualizar los criterios de seguridad aplicados a los locales.

La vicealcaldesa y portavoz del Ayuntamiento, Inma Sanz, defendió la medida en una rueda de prensa tras la Junta de Gobierno, enfatizando que el precinto se implementa por mandato judicial tras el levantamiento de las medidas cautelares. Sanz subrayó que las acciones son consecuencia de dos sanciones documentadas por rebasar el aforo de manera significativa.

Si bien Sanz reconoció que el sector demanda cambios legales, insistió en que hasta que la normativa actual no sea modificada, esta debe cumplirse escrupulosamente. Afirmó además que el gobierno municipal solamente sigue el mandato de los tribunales, en contraste con lo que, según ella, sería la práctica del Gobierno de España, que a menudo presiona y cuestiona las decisiones judiciales.