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Viernes, 16 de octubre de 2026 Edición Madrid · Red Crónica
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El Ayuntamiento de Fuenlabrada cuestiona la gestión del centro de menores en La Cantueña

El Ayuntamiento de Fuenlabrada denuncia la gestión del centro de menores en La Cantueña tras sentencia que reconoce la propiedad de la Comunidad de Madrid.

Redacción · Crónica Madrid 2 min de lectura

El Ayuntamiento de Fuenlabrada mantiene su postura de oposición al centro de menores migrantes en La Cantueña. Tras la resolución judicial que ratifica la titularidad de la finca a favor de la Comunidad de Madrid, el alcalde Javier Ayala denuncia que la ubicación del recurso ha sido una decisión política que busca castigar a la ciudad.

La polémica se centra en la ubicación del centro en un polígono industrial, a más de tres kilómetros de zonas residenciales. Además, se critica la concentración de más de un centenar de menores en un espacio que, según el Ayuntamiento, no cumple con criterios básicos de atención personalizada. La gestión del centro y la falta de información oficial sobre su funcionamiento también alimentan las tensiones.

Desde el punto de vista político, esta disputa refleja la tensión entre el gobierno regional y el Ayuntamiento, dominado por el PSOE. La Comunidad de Madrid defiende que la finca está legalmente en su propiedad y que la construcción del centro responde a una necesidad de atención a menores migrantes no acompañados. La sentencia judicial, aún recurrible, confirma la titularidad del Gobierno regional.

El conflicto tiene implicaciones más allá del ámbito local, en un contexto de debate sobre la política migratoria y la gestión de recursos sociales en la región. La oposición política y sectores sociales cuestionan la planificación y las prioridades en la atención a menores, además de evidenciar las tensiones entre administraciones.

De cara al futuro, el Ayuntamiento continuará con los recursos legales para reivindicar la titularidad de las fincas y buscar alternativas que prioricen espacios más adecuados para la atención de menores. La resolución judicial abre un escenario de incertidumbre sobre el cierre o la reorientación del centro, en un contexto de controversia política y social en Madrid.

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