En la reciente y polémica manifestación que tuvo lugar en Madrid, se registró un saldo alarmante de 34 detenidos y 64 heridos, de los cuales 27 eran agentes del orden público. Este evento, conocido como el primer 'Rodea el Congreso', ha llegado a los tribunales tras una década de controversias, con 21 activistas enfrentándose a penas acumuladas que ascienden a 121 años de cárcel.

Miles de ciudadanos se agruparon pacíficamente en la plaza de Neptuno para expresar su rechazo a la corrupción institucional. Sin embargo, los acontecimientos tomaron un giro violento cuando las fuerzas policiales se vieron obligadas a disolver la manifestación, lo que culminó en altercados significativos. Ocho de los organizadores del acto han sido procesados por la Audiencia Nacional, lo que pone de relieve la gravedad de los incidentes y las acusaciones que enfrentan.

La Fiscalía de Madrid ha presentado un escrito de acusación donde se les imputa a los manifestantes delitos graves como desórdenes públicos, atentado a la autoridad, resistencia, daños y lesiones. El juicio de este caso se llevará a cabo en el Juzgado de lo Penal número 20 de Madrid, con una duración prevista hasta el 28 de noviembre, lo que indica que las repercusiones legales de este evento se extenderán por un periodo considerable.

Los acusados se enfrentan a penas que varían entre 3 años y 8 meses hasta 8 años y 2 meses, sumando colectivamente un total de 121 años de prisión. Este hecho resalta la preocupación de las autoridades ante la creciente violencia en las manifestaciones y la necesidad de garantizar el orden público frente a actitudes que promueven el caos.

Según la información presentada por la Fiscalía, durante la tarde del 25 de septiembre de 2012, un amplio grupo de personas se congregó en los alrededores del Congreso de los Diputados. Su intención era protestar contra la corrupción institucional, pero la situación se tornó tensa cuando algunos manifestantes intentaron sobrepasar el cordón de seguridad establecido por las autoridades.

Los disturbios crecieron cuando varios individuos se subieron a las vallas de seguridad, incitando a los demás a ignorar los límites impuestos por la policía y a realizar actos de vandalismo, gritando frases como: "vamos a tomar el Congreso, ahí están los ladrones". Este tipo de incitación no solo enfureció a los agentes de seguridad sino que también puso en peligro la integridad física de todos los presentes.

A medida que la situación se intensificaba, algunos integrantes del grupo lanzaron una variedad de objetos, incluidos botellas y piedras, hacia los uniformados, quienes reiteraron su llamado a mantener el orden. A pesar de estos esfuerzos, el ambiente se volvió irrespirable, con manifestantes violentos coordinándose para superar las barreras de seguridad y atacar a los policías que intentaban restablecer la calma.

Alrededor de las 19 horas, la tensión alcanzó su punto máximo. Los congregados comenzaron a actuar en conjunto, lanzándose contra las vallas mientras otros perpetraban agresiones físicas contra los agentes. Este descontrol no se limitó a un solo punto, sino que se extendió desde la Plaza de Cibeles hasta la fuente de Neptuno, evidenciando una planificación y coordinación en sus acciones que refuerzan la gravedad del incidente.

Pasadas las 22:30 horas, un grupo de aproximadamente 200 personas se trasladó hacia la estación de Atocha, replicando la misma actitud desafiante hacia los agentes del orden público. En este contexto, los manifestantes no solo obstruyeron las labores de los vigilantes de seguridad, sino que también causaron daños al mobiliario de la estación, cruzaron las vías y lanzaron proyectiles a los policías, interrumpiendo así el tráfico ferroviario. Esto demuestra una falta de respeto y un desafío directo a la autoridad establecida, lo que no puede ser pasado por alto por el sistema judicial.