Diez años de prisión para dos acusados de estafar a sus padres y apropiarse de dos empresas
La Fiscalía pide diez años de prisión para dos acusados que presuntamente falsificaron documentos para apropiarse de dos empresas familiares valoradas en tres millones.
La Fiscalía de Madrid pide diez años de prisión para dos acusados por apropiarse de dos sociedades familiares mediante documentos presuntamente falsificados. Los propietarios calculan el perjuicio en más de tres millones de euros. El juicio, previsto para la Audiencia Provincial de Madrid, ha quedado suspendido sin nueva fecha.
Según el escrito de acusación, los hechos se produjeron entre mayo y julio de 2017. Los procesados habrían aprovechado la avanzada edad y la vulnerabilidad de los padres de uno de ellos. Las sociedades afectadas son NATIDES SL y LUARISVI SL.
El mecanismo descrito combina varias irregularidades. Se habrían simulado contratos de compraventa de participaciones, fechados en Budapest, a favor de una sociedad húngara. Después, se habrían elaborado certificaciones de acuerdos sociales inexistentes para cambiar administradores y domicilios sociales, inscritos finalmente en el Registro Mercantil.
El patrimonio en juego era considerable. NATIDES SL explotaba tres tiendas de muebles en Madrid y un chalet en Brunete, que era el domicilio familiar. LUARISVI SL poseía una nave industrial en Leganés y varias viviendas y fincas en la Comunidad de Madrid.
La denuncia surgió cuando los padres descubrieron la inscripción de un nuevo administrador. La Fiscalía sostiene que los acusados siguieron gestionando las empresas e iniciaron incluso un procedimiento para desalojar a la pareja de su vivienda. Este dato añade un componente de presión sobre las víctimas que el tribunal deberá valorar.
Más allá del caso concreto, la causa pone el foco en los mecanismos de protección de personas mayores frente al abuso patrimonial dentro del entorno familiar. También evidencia la necesidad de reforzar los controles registrales, que permitieron inscribir cambios societarios basados en acuerdos cuya existencia se cuestiona. El desenlace del juicio, aún sin fecha, podría sentar un referente sobre la responsabilidad penal y civil en este tipo de operaciones.