Los votos de PP, PSOE y Vox en el Pleno de Cibeles han dado luz verde al convenio urbanístico de la antigua Cárcel de Carabanchel, donde están proyectadas hasta 640 viviendas, el 34 por ciento de ellos protegidas, tras 21 años de tramitación. Más Madrid se ha opuesto.

Los partidos políticos de tendencia conservadora, el PP, el PSOE y Vox, han respaldado la propuesta del área que dirige Borja Carabante para ratificar el convenio urbanístico de la antigua Cárcel de Carabanchel. Este convenio fue inicialmente suscrito con la Administración General del Estado, la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (Siepse) junto con la promotora Pryconsa. Sin embargo, el partido Más Madrid ha votado en contra para dar voz a los vecinos de Carabanchel que se habían opuesto a este proyecto durante mucho tiempo.

Según Carabante, este acuerdo pone fin a 21 años de trámites administrativos, mientras que el socialista Antonio Giraldo ha destacado que se trata de una "deuda histórica" en el distrito y una auténtica "brecha urbana".

El partido Más Madrid, representado por Esther Gómez, ha llevado a Cibeles la preocupación por el cambio que ha experimentado la ciudad y las necesidades que han surgido en los últimos 25 años. Han priorizado el rechazo a la especulación inmobiliaria en una zona que cuenta con importantes yacimientos y han defendido la demanda de colectivos memorialistas de establecer un centro de memoria en los terrenos de la antigua cárcel, donde estuvo preso el histórico sindicalista Marcelino Camacho.

El convenio ratificado en el Pleno establece la ordenación de una superficie de 172.143 metros cuadrados en los terrenos de la antigua Cárcel de Carabanchel. En esta zona se construirán 640 viviendas, de las cuales el 34 por ciento serán protegidas.

Además, se llevará a cabo la urbanización de más de 46.000 metros cuadrados de vías públicas y la creación de 23.461 metros cuadrados de zonas verdes.

El convenio fue suscrito en diciembre de 2022 entre los dos propietarios de los terrenos, Siepse y Pryconsa. En virtud de este acuerdo, el Ayuntamiento de Madrid será el adjudicatario de una parcela destinada a viviendas de protección pública y de otra destinada a viviendas colectivas libres. Asimismo, el consistorio también adquirirá una parcela para un equipamiento básico de bienestar social y cinco espacios destinados a zonas verdes.

La Administración General del Estado mantendrá la titularidad del terreno donde se encuentra la comisaría de Policía Nacional y el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE). Además, Siepse será adjudicataria de dos parcelas destinadas a oficinas y una parcela destinada a equipamiento educativo.

El coste inicialmente previsto para las obras de urbanización asciende a 25 millones de euros y se espera que comiencen en un plazo máximo de ocho meses. El proyecto tiene una duración prevista de 15 meses.