En un avance significativo en la lucha contra el crimen financiero, la Policía Nacional, con el apoyo de los funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, ha llevado a cabo una operación que ha desarticulado una organización criminal operando en la Comunidad de Madrid, especializada en perpetrar estafas a través de lo que se conoce como chiringuitos financieros. Esta noticia fue presentada por Óscar Lago, inspector jefe del Grupo de Estafas de la Jefatura Superior de Madrid, en una rueda de prensa celebrada el miércoles.

Hasta el momento, se han identificado 29 víctimas que han sufrido un daño económico que supera los dos millones de euros. Sin embargo, las estimaciones indican que el fraude total podría alcanzar más de 52 millones. Durante la operación, se efectuaron 12 registros en cinco viviendas y siete oficinas, donde se incautaron 200.000 euros en efectivo, así como cuatro vehículos, más de 40 teléfonos móviles, 12 relojes de lujo y material informático. Además, se recuperaron 21 obras de arte y facsímiles, cuya valoración supera los 200.000 euros.

La acción policial culminó con la detención de 33 individuos, a quienes se les imputa la comisión de delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a una organización criminal. Este grupo ha estado operando durante un periodo de siete años, durante el cual se estima que ha defraudado más de 52 millones de euros a sus víctimas.

La investigación se inició a finales de 2023 tras la recepción de varias denuncias de individuos que afirmaban haber invertido a través de un bróker internacional y haber perdido todo su capital sin posibilidad de recuperación. Con el avance de las indagaciones, se logró evidenciar la existencia de una organización criminal bien estructurada y organizada.

Dicha organización se dedicaba a estafar a particulares a través de oficinas que operaban como chiringuitos financieros, careciendo de la debida autorización administrativa para llevar a cabo tales actividades. En la cúspide de la operación se encontraba el líder, quien entre 2017 y 2024 logró defraudar más de 52 millones de euros, mientras que en el escalón intermedio figuraban los responsables de logística y administración.

En el nivel más bajo de la jerarquía se hallaban los comerciales, encargados de atraer a las víctimas desde diversos centros de llamadas, que en algunos casos eran sus propios domicilios. La estrategia de captación se enfocaba en pequeños ahorradores sin experiencia previa en inversiones, a quienes se les aseguraba la posibilidad de obtener ganancias sin riesgo. Este enfoque contradice las directrices de la CNMV, ya que no se informa sobre los riesgos inherentes, prometiendo retornos del 30 por ciento. Los captadores podían llegar a ganar entre 100.000 euros en un periodo de seis meses a un año.

Es alarmante resaltar que, en ningún momento, se realizaban las inversiones prometidas. La intención real de los captadores era que las víctimas perdieran su capital, el cual era distribuido entre el bróker en el extranjero y los miembros de la organización en un 50 por ciento cada uno.

Hasta ahora se han confirmado 29 víctimas, con un perjuicio económico que supera los dos millones de euros, aunque se prevé que más afectados puedan surgir a medida que avancen las investigaciones. La operación culminó el 20 de noviembre, cuando se llevaron a cabo los registros en cinco viviendas y siete oficinas en Madrid, Rivas Vaciamadrid y San Sebastián de los Reyes, resultando en la incautación de 200.000 euros, vehículos, dispositivos móviles, relojes lujosos, material informático, así como obras de arte valoradas en más de 200.000 euros.

Finalmente, los 33 detenidos, todos de nacionalidad española y con edades comprendidas entre 19 y 40 años, fueron puestos a disposición judicial enfrentando graves acusaciones que incluyen estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.