Un jurado popular en la Audiencia Provincial de Madrid ha determinado la culpabilidad del acusado por el asesinato de su pareja, un crimen que tuvo lugar en abril de 2023 durante lo que se describe como un ritual esotérico. Este caso ha generado un fuerte debate en torno a la aplicación de la legislación sobre responsabilidad penal en situaciones de alteración psíquica, ya que se ha considerado una eximente incompleta por las condiciones mentales del agresor, quien además fue acusado de ensañamiento debido a las numerosas lesiones que infligió a la víctima.

El juicio, que concluyó la semana pasada y que ahora espera sentencia, estuvo marcado por la emotiva intervención del abogado de la familia de la víctima, quien cuestionó al acusado por no mostrar ningún tipo de remordimiento hacia su ex pareja, a quien le infligió una brutal herida con un destornillador en el ojo. Este comentario subraya la intensidad de un caso que ha captado la atención pública y mediática.

El veredicto, el cual fue leído en una sesión pública el pasado martes, reconoció la existencia de un trastorno psicológico en el acusado, aunque no se le otorgó una exención total de responsabilidad penal. De forma alarmante, se evidenció que el jurado consideraba que la cruel forma de actuar del procesado, que resultó en un asesinato claro, justificaba la clasificación del hecho como un delito grave.

El defensa, Alberto Ruiz de Alegría García, ha anunciado su intención de apelar la decisión del jurado, argumentando que no se tomó en cuenta un informe forense que confirmaba que el acusado había perdido completamente sus facultades cognitivas y volitivas en el momento de los hechos. Este aspecto es esencial, dado que el informe podría cambiar la percepción del caso y las implicaciones para el acusado.

Los peritos han revelado que el agresor había estado bajo efectos de sustancias psicoactivas, llevando a la conclusión de que su comportamiento se vio severamente alterado por un trastorno psicótico ligado al uso de drogas. Testigos, entre ellos agentes de la Policía Nacional, relatan que cuando llegaron al lugar de los hechos, el acusado estaba en un estado altamente deteriorado, sosteniendo un crucifijo y un libro de rituales que fue hallado en la escena del crimen.

Durante su testimonio, el acusado se defendió alegando que no recordaba nada de lo que aconteció esa noche fatídica, y que nunca había deseado hacer daño a su expareja. Este argumento de amnesia se contrae con los testimonios y pruebas que revelan un acto de violencia extrema, complicando aún más la narrativa del caso.

El fondo de la relación entre el acusado y la víctima se presenta como una realidad compleja, puesto que habían compartido un vínculo sentimental desde 2019 hasta 2021 y, aunque ya no eran pareja en el momento del crimen, vivían juntos. Además, el consumo de metanfetamina y ketamina por parte del acusado poco antes del crimen establece un contexto que favorece la interpretación de su estado mental durante los últimos días previos al ataque.

El acto violento que terminó con la vida de la víctima despertó un debate más amplio acerca de las implicaciones legales del consumo de drogas en relación con la responsabilidad penal. La Fiscalía ha solicitado una pena de catorce años de prisión por asesinato, teniendo en cuenta la agravante de parentesco, mientras que la defensa pide que se le declare exento de responsabilidad, argumentando su deterioro mental.

Es notable que el crimen se desencadenó tras una discusión acalorada, marcada por el consumo de sustancias tóxicas, y en medio de una atmósfera de ritualismo que ha despertado la curiosidad y preocupación de la sociedad. En un video grabado esa misma mañana, el acusado plasmó una imagen con fuertes connotaciones emocionales, mostrando un cuadro de Jesucristo y disculpándose, lo que añade otra capa de complejidad al entendimiento de su estado mental.

La situación actual del acusado es crítica, ya que se encuentra en prisión desde el momento de su detención y enfrenta un futuro incierto en el que su salud mental y la interpretación de sus acciones serán cruciales en la resolución final de este trágico caso. La Fiscalía ha pedido que, en caso de un posible cambio de pena por la expulsión, se garantice que el condenado cumpla su tiempo en un establecimiento penitenciario hasta que se realicen los trámites pertinentes, destacando la seriedad con la que se está tratando este asunto en el ámbito judicial.