Declaración de Alberto González y demás implicados en fraude fiscal pospuesta hasta el 24 de junio

La jueza de Instrucción número 19 de Madrid ha decidido posponer el interrogatorio de Alberto González Amador y otros implicados en un presunto delito fiscal hasta el próximo 24 de junio, según han indicado fuentes legales.

Este aplazamiento se debe a la falta de notificación de la citación a uno de los investigados programados para este lunes, así como a la imposibilidad de llevar a cabo una videoconferencia prevista para mañana en los juzgados de Sevilla.

El compañero de la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, ha acudido discretamente a los juzgados alrededor de las diez de la mañana para rendir cuentas por dos delitos fiscales y uno de falsificación de documentos en relación con un supuesto fraude fiscal de 350,951 euros atribuido por la Fiscalía de Madrid y la Agencia Tributaria.

A su llegada, no ha sido detectado por los medios de comunicación, que se encontraban apostados en los dos accesos de la sede judicial. En este momento, se encuentra dentro de la sala de audiencias para declarar.

Al parecer, Alberto González ha cambiado su apariencia al cortarse el cabello y afeitarse la barba, según indicaron fuentes legales a Europa Press, lo que impidió que los periodistas que lo esperaban lo reconocieran.

En el acceso principal a los juzgados, se ha instalado un cordón especial y se ha reforzado la seguridad. A las puertas, se han congregado decenas de periodistas.

La jueza de Instrucción número 19 de Madrid interrogará a Alberto González y a Maximiliano N. en junio como parte de las pesquisas iniciadas contra Alberto G. A. y otras cuatro personas. El martes, interrogará a otras tres personas investigadas en el mismo caso penal.

La pareja de Ayuso podría defender su inocencia o admitir los delitos que se le imputan en virtud del acuerdo de conformidad propuesto por su defensa, que sugería aceptar ocho meses de prisión, cuatro por cada delito fiscal.

Su declaración llega días antes de que deba ratificar en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) la querella que presentó contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal Julián Salto por revelación de secretos debido al comunicado difundido sobre el intercambio de correos entre su abogado y el fiscal en relación con el caso de fraude fiscal.

La investigación se centra en la presunta conducta delictiva relacionada con el Impuesto de Sociedades de los ejercicios de 2020 y 2021 y un supuesto delito de falsedad en documento mercantil al presentar facturas que no corresponden a servicios realmente prestados y que se utilizaron para reducir la deuda tributaria.

En la resolución de apertura de diligencias, la jueza argumentó que, aparentemente y "como consecuencia de estas actividades fraudulentas, el contribuyente dejó de pagar a la Hacienda Pública estatal 155,000 euros por el Impuesto de Sociedades de 2020 y 195,951 euros por el Impuesto de Sociedades de 2021.

Se señaló que estas acciones están catalogadas como "delitos castigados en el artículo 305.1 del Código Penal en concurso mediático con un delito de falsedad en documento mercantil, del artículo 392.1 en relación con el artículo 390 del Código Penal".

La pareja de Ayuso declarará después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) haya aceptado la querella presentada contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal Julián Salto, por revelación de secretos en relación con la nota publicada por la Fiscalía de Madrid que detallaba el intercambio de correos entre el abogado de Alberto G. A. y el fiscal del caso.

En este caso, el instructor ha convocado a las partes el 24 de mayo para ratificar las querellas. Entre las diligencias, solicita identificar al máximo responsable fiscal que autorizó la difusión de dicho comunicado.

En cuanto a la investigación sobre la pareja de Ayuso, la Fiscalía inició la investigación tras recibir un informe de la Agencia Tributaria que advertía de un posible fraude al detectar "gastos ficticios basados en facturas emitidas por diversas sociedades".

Estos "gastos que no se corresponden con servicios realmente prestados y todo ello con la finalidad de ingresar en el erario público menor cantidad de la que le correspondía abonar por el Impuesto de Sociedades de los Ejercicios 2020 y 2021", según la denuncia del fiscal.

El 22 de enero, la Fiscalía recibió un informe de la Agencia Tributaria sobre la entidad Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente, del que se desprenden "datos e indicios sobre hechos relativos al Impuesto Sobre Sociedades correspondiente a los ejercicios del año 2020 y 2021 que pudieran resultar constitutivos de delito".

El informe indicaba dos delitos contra la Hacienda Pública al detectar "un fraude tributario cuantificado por la Inspección de Hacienda en cuantía superior a 120,000 euros y un presunto delito de falsedad en documento mercantil al haberse aportado facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados y se utilizaron para reducir la deuda tributaria a pagar".

A raíz de este informe, la Fiscalía decidió el 23 de enero abrir diligencias de investigación, lo que derivó en la presentación de la denuncia en los juzgados de instrucción de Madrid.

Según el fiscal, la dirección de la sociedad durante el período investigado estaba a cargo de un único administrador, Alberto G. A., pareja de la presidenta regional. La Agencia Tributaria inició actuaciones de verificación el 12 de mayo de 2022.

En el transcurso de estas averiguaciones para el Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2020 y 2021 de la mencionada sociedad, según la denuncia, "se descubrió que la sociedad, con el objetivo de evadir impuestos, ante el aumento de su volumen de negocios en dichos ejercicios, llevó a cabo ciertas acciones con el único objetivo de reducir su tributación".