Crónica Madrid.

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Dávila insta a Bustinduy a incrementar financiamiento estatal de dependencia al 50% para igualar al País Vasco.

Dávila insta a Bustinduy a incrementar financiamiento estatal de dependencia al 50% para igualar al País Vasco.

MADRID, 23 Ene. - La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha solicitado al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, que el Gobierno central incremente la financiación para la atención a la dependencia en la Comunidad de Madrid y en el resto de España al 50%. Dávila instó a que se apliquen los mismos términos y plazo de ejecución que se acordaron para el País Vasco.

Según explicó Dávila después de reunirse con Bustinduy, en el acuerdo de noviembre pasado firmado entre el PSOE y el PNV se determinó que el Estado abonaría a la comunidad autónoma vasca el 50% del coste del nivel básico establecido por la Ley de Dependencia y su desarrollo. Este acuerdo es similar al pactado con el Bloque Nacionalista Gallego para investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Sin embargo, Dávila lamentó que esto genere nuevas desigualdades entre españoles, en este caso, afectando a personas mayores y dependientes.

Dávila subrayó que el año pasado la financiación del Gobierno central en dependencia apenas alcanzó el 31% del total de la inversión destinada a personas dependientes en la región, mientras que el 69% restante fue financiado por la Comunidad de Madrid.

La Ley de Dependencia establece que la aportación de la Comunidad debe ser al menos igual a la de la Administración General del Estado. Sin embargo, Madrid contribuye con más del doble de lo asignado por los Presupuestos Generales del Estado en la región.

La consejera destacó que si el Gobierno igualara el 50% financiado por la Comunidad de Madrid en 2023, se destinarían más de 270 millones adicionales, lo que permitiría brindar cobertura y atención residencial a 10.000 personas mayores o casi 7.000 personas con discapacidad.

Además, durante la reunión, Ana Dávila solicitó al ministro aclaraciones sobre el desarrollo del nuevo programa de alimentos básicos para la población vulnerable a través de una tarjeta monedero aprobada por el Gobierno. Este programa no pudo ser implementado el año pasado debido a la falta de previsión del equipo ministerial anterior.

Dávila señaló que el Ministerio de Derechos Sociales va dos años retrasado, incumpliendo sus propios compromisos, y ahora está lanzando un contrato de emergencia para cubrir el periodo de abril a diciembre con una tarjeta provisional que dejará fuera al 70% de las personas vulnerables que actualmente acuden a los bancos de alimentos.