El consejero de Educación de Madrid, Emilio Viciana, ha calificado de "imposición y cacicada" el reciente acuerdo firmado entre el Gobierno de la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

MADRID, 12 Dic.

Este convenio, parte del Programa María Goyri, busca la incorporación de 1.091 nuevos profesores en las seis universidades públicas de la capital (Complutense, Autónoma, Politécnica, Alcalá, Rey Juan Carlos y Carlos III) y prevé una inversión estatal de 169 millones de euros en la región.

La firma del acuerdo tuvo lugar este jueves en la sede del Ministerio y contó con la presencia de la ministra Diana Morant, así como del consejero Viciana, quienes estuvieron acompañados por los rectores de las universidades implicadas. Entre ellos se encontraban Joaquín Goyache, de la Complutense; Ángel Arias, de la Carlos III; Amaya Medikoetxea, de la Autónoma; Javier Ramos, de la Rey Juan Carlos; José Vicente Saz, de la de Alcalá; y Guillermo Cisneros, de la Politécnica.

Viciana no se contuvo en su crítica y afirmó que "este convenio hipoteca a la Comunidad de Madrid por valor de 2.000 millones de euros". Denunció que no se trata de un acuerdo voluntario, sino de "una imposición, una cacicada y un chantaje en el que Pedro Sánchez invita y las comunidades autónomas tenemos que pagar".

Asimismo, el consejero expresó su preocupación por el impacto del convenio en la figura del profesor asociado, advirtiendo que el Gobierno central busca eliminar los vínculos entre la universidad y el sector privado. "El objetivo de Sánchez es asilarnos en ideologías y depender completamente de los poderes públicos", manifestó.

Viciana también hizo hincapié en su desacuerdo con la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), señalando que esta norma obliga a "cotizar a los estudiantes en las prácticas". En su opinión, la gran falacia del convenio es que se presenta como una solución para rejuvenecer las plantillas docentes, cuando en realidad es simplemente un mecanismo para financiar los costos asociados a la LOSU.

En contraste, Ángel Arias, rector de la Carlos III y presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas Madrileñas (CRUMA), adoptó un tono optimista. Comenzó su intervención afirmando que "hoy es un buen día para la sociedad", describiendo el acuerdo como "un hito histórico" que refleja el compromiso del Gobierno de España y la Comunidad de Madrid. Según él, esta iniciativa es crucial para el futuro de las universidades públicas.

Arias subrayó que las universidades deben considerarse "una cuestión de Estado" y que el acuerdo representa un paso significativo para proteger y apoyar este bien común.

El propósito principal del Programa María Goyri es rejuvenecer y estabilizar las plantillas docentes en las universidades públicas, con una ejecución que ha contado con la adhesión de varias comunidades autónomas en los últimos meses.

De las 1.091 nuevas plazas creadas, el 60% de ellas (656) serán financiadas por el Gobierno central en los primeros seis años, mientras que el 40% restante (435) correrá a cargo de la Comunidad de Madrid, que se compromete a aportar 17,5 millones de euros anualmente a partir de 2025 para sostener estas contrataciones.

El acuerdo final surge tras un proceso de negociación tenso entre las administraciones, tras lo cual la ministra Morant envió una carta a la presidenta Isabel Díaz Ayuso, en la que lamentaba que Madrid fuese la única comunidad que rechazaba la ayuda estatal, además de criticar la situación crítica de las universidades públicas de la región.

Al poco tiempo, desde la Consejería de Educación se comunicó la intención de firmar el acuerdo, pero se solicitó modificar algunos aspectos del texto, al considerar que se imponía la contratación exclusiva del profesor ayudante doctor y que no resolvía otros problemas en las plantillas.

El día siguiente, el Ministerio insistió en que no habría cambios en el texto, argumentando que los términos ofrecidos eran los mismos que en otras comunidades autónomas, muchas bajo la administración del Partido Popular.

Finalmente, el consejero de Educación aceptó rubricar el convenio, aunque dejó claro su desacuerdo por cómo se había desarrollado el proceso, calificándolo de “cacicada”. Añadió que la Comunidad se sintió forzada a elegir "entre lo malo y lo peor", una decisión que fue ratificada por el Consejo de Gobierno el miércoles.

Desde el Ministerio se ha argumentado que esta ayuda no excluye la posibilidad de recibir apoyo adicional de las comunidades autónomas, recordando que son responsables de las competencias transferidas y deben invertir en sus universidades.