Fuentes repite que la licencia cumplía con el ordenamiento jurídico

MADRID, 14 Sep.

Las cocinas industriales situadas en la calle Alejandro Ferrant, 8, al lado del CEIP Miguel de Unamuno, han cesado su actividad al efectuar unas "proyectos esenciales" que alteraban la distribución interior y que "no se protegen en esa licencia brindada".

Así lo explicó el encargado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, en afirmaciones remitidas a los medios, donde ha precisado que "había finalizado el desarrollo de reedición de trabajo de esa licencia y cumplía el ordenamento jurídico, y con los antecedentes se encontraba bien concedida".

Fue tras efectuarse "diferentes actos de rastreo de esta actividad para contrastar la legalidad" en el momento en que "se advirtieron unas proyectos esenciales que alteraban la distribución interior, y que no se protegen en esa licencia brindada".

Se dictó en el mes de agosto "orden de paralización instantánea y cese" y se verificó el desmontaje de la actividad el pasado 7 de septiembre en una revisión.

Familias de estudiantes del centro escolar han festejado el cierre pero han advertido de que "la licencia prosigue en vigor, con lo que absolutamente nadie afirma que en determinado tiempo vuelvan a ponerse en desempeño".

A este respecto, fuentes municipales han explicado que "las licencias dejan de tener herramienta en el momento en que pasan seis meses sin ejercer esa actividad". "Si de este modo sucede, van a deber enseñar otra y los especialistas efectuarán el rastreo que sea correcto", apuntaron estas fuentes.

"Es por este motivo que vamos a seguir haciendo un trabajo hasta hallar que la cierren a efectos legales, así sea por la revisión de trabajo que se prometió desde el Ayuntamiento, de la que no entendemos nada, o por la resolución del juicio en segunda instancia", han correcto.

Continúan abogando por un ambiente escolar "que no esté plagado de cientos y cientos de camiones y motocicletas diarios, estruendos incesante, basuras".

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid había anulado la licencia concedida a estas cocinas tras el recurso anunciado por la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del centro.

En el coche, el juez exponía que es "indudable" que hay "perjuicios a los vecinos" derivados de la limpieza y tratamientos de restos; "perjuicios derivados de la polución acústica, ya que el emprendimiento no ha valorado el estruendos causado por los automóviles y o motos destinadas al reparto de comida a hogar a establecimientos de restauración, shoppings y particulares", y causados por la afección a la movilidad urbana.

Sin embargo, el Consistorio de la ciudad más importante recurrió este fallo, que no era estable. Las familias enseñaron su descontento con esta actuación al sentirse "decepcionadas" y prometieron seguir batallando por el cierre de estas cocinas.

El Gobierno municipal ha señalado una "discrepancia" por el hecho de que "el juez afirma que debe haber informe medioambiental", al tiempo que desde el aparato de Martínez-Almeida señalaban que "según normativa de la Comunidad de Madrid, y sería sentar antecedente que ha de ser aclarado por el TSJ para dotar de seguridad a otras cuestiones".