En Madrid, el Ayuntamiento ha tomado la decisión de cancelar 483 millones de euros en deudas, utilizando el superávit acumulado durante 2024. Esta medida ha sido considerada una respuesta a la frustración generada por el Gobierno de España, que ha impedido el uso de esos fondos para la construcción de viviendas, debido a las restricciones que establece un decreto estatal que exige que las inversiones sean completadas en un plazo de un año.

La delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo, expresó su desacuerdo durante una conferencia de prensa posterior a una reunión extraordinaria de la Junta de Gobierno. "No se puede materializar una vivienda en tan corto tiempo. No debemos crear falsas expectativas", afirmó, resaltando la insuficiencia de un año para llevar a cabo proyectos de esta envergadura.

Por su parte, la vicealcaldesa Inma Sanz ha cuestionado la necesidad de este pago, sugiriendo que puede estar relacionado con las exigencias de Junts. Hidalgo, en sus declaraciones, criticó al Gobierno central por generar ilusiones que posteriormente se vieron frustradas por la realidad, refiriéndose a un expediente que había sido presentado el pasado semana pero que finalmente fue retirado tras unas declaraciones de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en las que afirmaba que los municipios tendrían la oportunidad de utilizar esos fondos en vivienda, una de las principales preocupaciones de los ciudadanos.

Sin embargo, conforme el real decreto fue publicado en el Boletín Oficial del Estado, quedó claro que las condiciones no se ajustaban a lo prometido. Hidalgo lamentó que, una vez más, los ayuntamientos se viesen engañados en la gestión de sus expectativas, al comprobar que el decreto limitaba el uso de los recursos para la construcción de viviendas, dado que se exige que los proyectos sean ejecutados en un año, algo irrealista para el desarrollo de infraestructuras residenciales.