En un operativo llevado a cabo en Coslada, Madrid, la Policía Nacional ha clausurado una clínica estética que operaba clandestinamente, ofreciendo servicios estéticos no autorizados a través de plataformas digitales, según ha comunicado la Jefatura Superior de Policía de la región.

Durante la revisión de las instalaciones, que se realizó en cooperación con los organismos de Inspección de Centros Sanitarios y Control de Farmacia de la Comunidad de Madrid, se hallaron numerosos medicamentos caducados, que estaban almacenados sin las condiciones de seguridad adecuadas.

Los agentes detuvieron a una mujer que, lamentablemente, carecía de las credenciales necesarias para llevar a cabo estos tratamientos, lo que plantea serias dudas sobre la seguridad de los procedimientos realizados allí.

La investigación se inició el pasado mes de julio cuando se recibió información a través de una línea telefónica dedicada a denuncias sobre consumo, medio ambiente y dopaje, disponible las 24 horas. Con la información recabada, se llevaron a cabo las primeras indagaciones que confirmaron la existencia de esta clínica en Coslada, donde una mujer aparentemente inhabilitada estaba realizando tratamientos estéticos.

Las indagaciones revelaron que esta clínica se promocionaba activamente en redes sociales, ofreciendo precios notablemente inferiores a los del mercado, lo que sin duda atrajo a un considerable número de pacientes cada día.

El 16 de julio, se llevó a cabo una inspección que dio como resultado el descubrimiento de una amplia gama de medicamentos, muchos de los cuales no poseían la autorización necesaria para su venta en la Unión Europea. Estos estaban escondidos en un armario detrás de una pantalla publicitaria, y en una maleta, agentes encontraron numerosos viales, algunos de ellos ya caducados, incumpliendo así las normativas sanitarias exigidas.

La intervención permitió incautar diversas cajas que contenían toxina botulínica, ácido hialurónico, así como agujas y jeringas sin el debido respaldo legal. En consecuencia, se procedió a la detención de la responsable, acusada de intrusismo profesional y de poner en riesgo la salud pública.