Cerca de 10.000 personas protestan en Madrid por la educación pública antes de la huelga

Este domingo, aproximadamente 10.000 personas salieron a las calles de Madrid en defensa de la educación pública, según datos de la Delegación del Gobierno. La movilización precede a la huelga indefinida convocada para el 14 de octubre por el sector educativo, que busca mejorar las condiciones laborales y educativas en la comunidad.

La marcha, organizada por el Comité de Huelga Unitario, reunió a docentes, estudiantes, familias y organizaciones sindicales. Partió desde Atocha a mediodía y culminó en la Puerta del Sol, frente a la sede del Gobierno regional. La protesta tuvo como lema 'Salvemos la pública' y sirvió para reivindicar cambios en la regulación de horas y ratios en las aulas.

Los portavoces de los colectivos exigieron la recuperación de un máximo de 17 horas lectivas semanales en secundaria y FP, y 22 en primaria, incluyendo tutorías y coordinaciones. Además, se denunciaron recortes en el poder adquisitivo de los docentes, que, según datos sindicales, han sufrido una pérdida del 21,9% desde 2010, reclamando una subida salarial de 600 euros.

Desde UGT, Chema Pinto advirtió sobre la alta segregación escolar en Madrid, la más elevada del país, y pidió garantizar una educación pública que promueva la igualdad de oportunidades. La movilización también abordó las desigualdades en el sistema, que, en su opinión, se mantienen o agravan con el tiempo.

El portavoz del Sindicato de Estudiantes, Carlos Ochoa, llamó a las familias a participar activamente en la huelga y en las movilizaciones. Subrayó que la lucha no solo afecta a la comunidad educativa, sino que es una batalla por los derechos sociales de toda la clase trabajadora.

Este contexto refleja un escenario de tensión política en Madrid, donde las decisiones del Gobierno regional en materia educativa generan rechazo en amplios sectores. La convocatoria de huelga y movilizaciones se inscribe en un debate más amplio sobre el modelo de escuela pública y la financiación autonómica, en un momento de incertidumbre política en la comunidad y en el país.

De cara al futuro, la movilización podría marcar un punto de inflexión en la política educativa madrileña, poniendo en duda las prioridades de la administración regional y aumentando la presión por reformas profundas. La respuesta del Gobierno, en medio de un escenario político convulso, será decisiva para definir las próximas etapas del conflicto.