"CEIM critica el aumento de impuestos en los carburantes debido a la alta carga fiscal en España"

MADRID, 4 Oct.

El presidente de la Confederación Empresarial de Madrid-CEIM (CEOE), Miguel Garrido, ha expresado su rechazo a la recomendación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de incrementar los impuestos a los carburantes. Garrido argumenta que la fiscalidad en España ya es suficientemente elevada y que debería reducirse para aumentar la competitividad de las personas, las familias y las empresas. Además, sostiene que la rebaja de la fiscalidad fomentaría la actividad y, a largo plazo, aumentaría la recaudación. Considera que subir los impuestos resultará en la pérdida de competitividad del país.

En cuanto a la propuesta de aumentar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), Garrido opina que es deseable, pero debe ir acompañada de un refuerzo en la competitividad de las empresas. Argumenta que es necesario aumentar la productividad de las empresas para garantizar que sigan siendo rentables mientras se incrementa la capacidad de los trabajadores. En este sentido, destaca la importancia de reforzar la competitividad empresarial para lograr un equilibrio entre el aumento de la remuneración y la rentabilidad de las empresas.

En relación a la posible amnistía a los presos del 1-O, Garrido defiende el cumplimiento de las leyes y la igualdad de todos los españoles ante la ley. Asegura que la seguridad jurídica es fundamental para el Estado de Derecho y considera que todos deben cumplir la legalidad. Citando a Séneca, afirma que es necesario ser esclavo de las leyes para ser libre y que todos deben ser iguales ante la ley. Sin embargo, aclara que la organización se limita a dar su opinión cuando se tomen decisiones sobre las cuales deban opinar.

Por su parte, el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, también rechaza una posible amnistía para los presos del 1-O. En cuanto a la candidatura de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno, Garamendi señala que ahora corresponde a los grupos parlamentarios decidir si la apoyan o no. Considera que la propuesta del Rey Felipe VI se encuentra dentro del rango normal y constitucional de cómo se propone a una persona para formar gobierno.

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