En Madrid, la reciente crítica del sindicato Comisiones Obreras (CC.OO.) pone en evidencia la preocupante situación de las finanzas regionales, especialmente en lo que concierne a Sanidad y Educación Universitaria. La organización sindical ha denunciado que los Presupuestos de la Comunidad para el año 2025, diseñados por el gobierno regional, son notoriamente insuficientes, considerando la proyección del Producto Interior Bruto (PIB). Este escenario, según argumentan, afecta negativamente la calidad de los servicios públicos.

Ramón Boixadera, coordinador del Gabinete Técnico de CCOO de Madrid, fue contundente al presentar el informe, señalando que "los Presupuestos no crecen al ritmo del PIB". A su juicio, esto genera un escenario de deterioro en servicios esencialmente públicos. El análisis revela que la inversión en el sector sanitario en Madrid representa sólo el 4,3% del PIB, un porcentaje considerablemente inferior a la media de otras comunidades autónomas, que se sitúa en el 6,1%. Esta disparidad es, sin lugar a dudas, alarmante.

Por si fuera poco, cifras adicionales reflejan que el gasto público en atención sanitaria por individuo en la Comunidad de Madrid es uno de los más bajos a nivel nacional, quedando únicamente por delante de Andalucía. Cada persona recibe 1.625 euros, cifra que se sitúa 104 euros por debajo de la media nacional, lo que subraya la imperante necesidad de revisar y aumentar el gasto en este ámbito fundamental.

El sindicalista destacó que Madrid se encuentra a la cola en inversión sanitaria pública per cápita y enfatizó que se requiere una asignación de recursos mucho más considerable en diversas áreas para alcanzar los estándares de gasto que otras comunidades ya han establecido. La infrafinanciación de políticas públicas es, según él, un aspecto crítico en la actual administración.

Un tema vital abordado por CCOO es la creciente dependencia de servicios concertados y externalizados. El sindicato alertó que, año tras año, la Comunidad de Madrid destina una parte desproporcionada de sus recursos a estos servicios, indicando que esta tendencia se ha intensificado desde que se transfirió la competencia sanitaria a las comunidades autónomas en 2003, periodo en el que el gasto concertado ha aumentado cinco veces.

Boixadera expresó su preocupación al señalar que esta situación favorece la privatización de servicios públicos, lo cual, a su juicio, no beneficia a la población. Destacó que la política de la Comunidad parece orientada a fomentar un sistema donde, si el servicio público no es de calidad, las personas con medios económicos acudirán a la atención privada, lo que él considera un desvío preocupante de la función del sistema público.

En el ámbito universitario, Paloma López Bermejo, Secretaria General de CCOO de Madrid, también subrayó que el sistema público universitario está "infrafinanciado" y advirtió que la tasa de matriculación en estos centros ha disminuido en un 11% en los últimos ocho años. Esto abre interrogantes sobre la accesibilidad a la educación superior, que representa una herramienta vital para el avance social, especialmente para quienes requieren una educación pública de calidad.

La fiscalidad se convirtió en otro punto clave durante la presentación del sindicato. Señalaron que, tras la implementación del Impuesto de Grandes Fortunas a nivel nacional, el gobierno regional decidió eliminar bonificaciones en el impuesto de patrimonio, lo que sorprendentemente no beneficio a las arcas autonómicas. Boixadera criticó que, si la bonificación no se eliminaba, lo recaudado hubiera ido a parar al Gobierno central.

A pesar de la cancelación de ciertas bonificaciones, el sindicato ha resaltado que persisten otros descuentos que desvían fondos significativos que podrían ser utilizados para mejorar los servicios públicos. CCOO cree que revertir estos descuentos permitiría a la Comunidad de Madrid desarrollar un sistema de servicios públicos acorde a su potencial fiscal.

En cuanto al sector de la vivienda, la situación es igualmente preocupante, con una apuesta insuficiente por parte del gobierno regional en la ejecución de políticas habitacionales. En un entorno donde las viviendas vacías proliferan, CCOO denuncia que la estrategia del gobierno se está enfocando en un modelo especulativo que, en vez de ofrecer alternativas de vivienda asequible, perpetúa una crisis habitacional en los sectores más vulnerables.

Finalmente, la Secretaria General de CCOO hizo mención de la creciente opacidad y la falta de soluciones globales a la crisis de vivienda en la región. Concluyó su intervención afirmando que las trabajadoras y trabajadores madrileños enfrentan serias dificultades en materia de vivienda, lo que se traduce en un obstáculo significativo para su autonomía personal.

En este escenario, López Bermejo hizo un claro llamado a la responsabilidad del gobierno regional, sugiriendo que la falta de atención a estos temas, sumada a un nacionalismo exacerbado, podría derivar en consecuencias severas, no sólo para los residentes de Madrid, sino que podría tener un impacto negativo en otras comunidades autónomas del país.