El 29 de noviembre se llevará a cabo una nueva reunión entre los sindicatos de educación y el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana.
En la jornada del pasado jueves, la Delegación del Gobierno reportó que cerca de 5.000 docentes se manifestaron en las calles de Madrid, clamando por una reducción del horario lectivo y de las ratios de alumnos por clase. Entre sus demandas también se encuentra la libre elección de jornadas escolares, ya sean partidas o continuas, así como la demanda de una equiparación salarial con respecto a otros territorios españoles.
La manifestación, que comenzó a las 17:30 horas y se desplazó desde la plaza de Neptuno hasta la emblemática Puerta del Sol, fue organizada por varios sindicatos que forman parte de la Mesa Sectorial, incluidos CC.OO., UGT, CSIF y ANPE, y recibió el apoyo posterior de la Asamblea Menos Lectivas.
Este evento del jueves marca la segunda movilización en menos de un mes, tras la masiva convocatoria del 29 de octubre, donde se registraron alrededor de 8.000 asistentes, según la misma fuente oficial. El color verde, distintivo en estas congregaciones, predominó entre los participantes, muchos de los cuales portaban camisetas con la lema 'Escuela pública de todos y para todos'.
A lo largo de la marcha, los asistentes manifestaron sus frustraciones con cánticos tales como "18/23, si no nos hacen caso, volvemos otra vez", "con esta ratio, no caben ni en el patio" o "menos horas y más orientadoras". La lucha por una educación pública de calidad quedó reflejada en numerosos carteles que los manifestantes llevaban consigo, haciendo eco de sus exigencias.
Este acto de protesta se produce en el contexto de las negociaciones en curso con el consejero Viciana, y previas a un nuevo encuentro programado para el próximo 29 de noviembre.
Aunque días previos a este nuevo diálogo han estado marcados por un pesimismo palpable entre los sindicatos, que esperan ver resultados antes de decidir si convocar nuevas movilizaciones. Por su parte, el colectivo Menos Lectivas ha planteado la posibilidad de incrementar la conflictividad social mediante la organización de una huelga indefinida por parte de los docentes, como se discutió en una reunión reciente donde estuvieron presentes varias asambleas de centros educativos.
La proposición presentada por el consejero a finales de octubre solo aborda una reducción del horario lectivo, dejando de lado otras demandas importantes. La reducción, que tendría en cuenta exclusivamente a los docentes de Secundaria, implica pasar de 20 horas a 19 en el próximo curso, y llegar a 18 horas en septiembre de 2028, restaurando el horario previo a las reformas de 2011. Sin embargo, esta propuesta no incluye a los docentes de Ed. Primaria e Infantil, quienes continuarían trabajando las 25 horas actuales en vez de las 23 que los sindicatos han solicitado.
Los representantes sindicales han señalado que la propuesta carece de "credibilidad", dado que no está contemplada en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el siguiente año. La portavoz de UGT en Educación, Teresa Jusdado, ha enfatizado que "sin inversión en los presupuestos, es complicado mejorar las condiciones laborales, lo que repercute directamente en la calidad de la enseñanza". Esta crítica fue reforzada por Miguel Ángel González, del CSIF, quien ha denunciado que el consejero actúa como "una marioneta del Gobierno regional" e instó a la Consejera de Hacienda, Rocío Albert, a proveer de los fondos necesarios para resolver estos problemas.
La manifestación del jueves culminó una jornada de descontento que comenzó con una huelga general en las principales ciudades de la región. Las cifras del seguimiento de esta huelga han mostrado discrepancias: mientras que la Consejería de Educación reportó un seguimiento del 17,8%, los sindicatos elevaron esta cifra por encima del 70%.
Estos porcentajes coinciden con los datos de la huelga general precedente, el 29 de octubre, cuando la Consejería dio un seguimiento del 18%, frente al 70% de los sindicatos. Cabe señalar que estas cifras no incluyen los servicios mínimos establecidos, que, según la Orden 4915/2024 del Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, requieren un maestro por cada 50 alumnos en Infantil y Primaria y un profesor por cada 90 en Secundaria o ciclos formativos básicos. En centros que atienden a alumnos con necesidades educativas especiales, se exige un mínimo de un docente por cada 25 alumnos.
Además de la reducción del horario lectivo, otro punto destacado en las demandas es la necesidad de mantener la libertad de elección de jornada por parte de los centros, lo cual se ha visto cuestionado tras un anuncio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante el Debate del Estado de la Región, donde mencionó que todos los nuevos colegios públicos deberán tener, obligatoriamente, jornada partida a partir del curso 2025/2026.
El consejero ha ampliado esta propuesta a los colegios que deseen incorporar primero y segundo de la ESO, a los cuales se les exigirá el mismo requisito de jornada partida a partir del próximo curso.
En la faceta económica, los sindicatos también abogan por una equiparación salarial que impida que los docentes de Madrid abandonen sus puestos. Según el informe 'Retribuciones docentes en la enseñanza pública' de UGT, el salario bruto mensual de los profesores de Secundaria se situó en 2.707 euros en 2023, colocándose como el séptimo más bajo entre las comunidades autónomas de España. Los maestros perciben 2.390 euros mensuales (nueve menos) y los docentes de Formación Profesional ganan 2.532 euros, los cuales ocupan el octavo puesto en la misma lista.
Además de estas exigencias, las organizaciones sindicales piden una reducción en las ratios y la dotación de recursos necesarios para implementar medidas de atención a la diversidad, así como un plan de choque para combatir la burocracia que afecta al sistema educativo.
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