En Madrid, la tensión en el ámbito educativo se ha intensificado tras una manifestación que reunió a unos 500 estudiantes y docentes frente a la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades. Este acto, realizado el miércoles, está orientado a demandar que el gobierno regional asigne un 1% del Producto Interior Bruto (PIB) a las universidades públicas de la comunidad.

La coordinadora de plataformas de las instituciones educativas organizó esta protesta bajo el contundente lema: "Si no hay respiro para las universidades, no habrá paz para quienes nos asfixian". Con esta iniciativa, han convocado dos días de huelga para exigir más recursos y manifestar su rechazo a la nueva Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC), propuesta por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

Los asistentes a la manifestación alzaron sus voces con lemas como "Estudiar es un derecho, no un negocio" y "La pública no se vende", reflejando así su rechazo a cualquier intento de privatización. Las pancartas, que abogaban por la defensa de la educación pública, incluían mensajes como "Está en nuestro ADN: ante los recortes, nos levantamos".

La profesora Eva Aladro, de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), lideró la lectura de un manifiesto dirigido al Consejero de Educación, Emilio Viciana, en el que demandó que se incluya a alumnos y docentes en las discusiones sobre la nueva normativa. La portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar, también estuvo presente en la protesta, apoyando las peticiones de los manifestantes.

La Universidad Complutense, en particular, ha estado bajo el escrutinio público debido a su solicitud de un préstamo de 34,5 millones de euros al gobierno autonómico para combatir su déficit. A pesar de la preocupación, el rector Joaquín Goyache aseguró que los salarios del personal no están en peligro.

Aladro subrayó que la LESUC atenta contra la naturaleza del servicio educativo público, calificándola de inconstitucional por obviar los conflictos de interés que puede generar en los Consejos Sociales y Económicos de las universidades. En este sentido, instó a las autoridades a retirar el proyecto antes de que sea necesario llevarlo ante los tribunales.

Desde la plataforma de universidades, se está solicitando la creación de una Ley de Universidades que contemple un consenso adecuado, involucrando a las autoridades académicas, asociaciones de trabajadores y representantes de profesores y estudiantes. Critican que la LESUC sea una imposición y abogan por un marco que sea aceptado y acordado por todos los actores implicados en la educación superior.

Se denuncia también que la normativa futura puede comprometer la autonomía financiera y académica de las instituciones, imponiendo sanciones y controles que favorecen intereses particulares. Ante la falta de respuesta, los convocadores han dejado claro que continuarán con sus movilizaciones.

Mar Espinar, apoyando la manifestación, exigió a la presidenta Ayuso que preste atención a las voces de aquellos que se oponen a la privatización de las universidades, definidas como el "mayor ascensor social" de la Comunidad de Madrid. Subrayó la necesidad urgente de un compromiso político que asegure una financiamiento adecuado para estas instituciones que han sido históricamente descuidadas.

Este jueves, está programada una nueva concentración a las 18:00 horas que iniciará en Atocha y concluirá en la Puerta del Sol, sede del Gobierno regional. Las movilizaciones cuentan con el apoyo de sindicatos como CC.OO., UGT, CGT y CNT.

Desde la mañana, universitarios y académicos han recorrido la Ciudad Universitaria para visibilizar la "infrafinanciación" que afecta a los centros. En un acto simbólico, estudiantes de Bellas Artes se han encerrado en su facultad, desplegando una pancarta inspirada en la famosa obra de Goya, alertando sobre el "fusilamiento" de la educación pública.

Según la asociación UCM por la Pública, la participación en el primer día de huelga ha alcanzado un "100%" en varias facultades, incluyendo Ciencias de la Información y Ciencias Sociales, mientras que en el ámbito de la salud, la participación ronda el "90%".