El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, ha planteado una clara postura respecto al impacto del turismo en la ciudad. En sus declaraciones, ha solicitado a la plataforma Airbnb que colabore con el Ayuntamiento asegurando que solo se anuncien viviendas de uso turístico (VUT) que sean legales. Carabante subraya que este modelo de negocio tiene cabida en la capital, pero enfatiza la necesidad de una mayor fiscalidad para las VUT en comparación con las viviendas residenciales.

El delegado realizó estas afirmaciones tras una reunión con asociaciones del sector inmobiliario y de la construcción en el contexto de la elaboración del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Ante las críticas formuladas por sectores de la izquierda, como Más Madrid y el PSOE, quienes argumentan que el plan presentado allana el camino para la especulación al permitir la dedicación de edificios enteros a VUT en el Centro, Carabante defendió su postura. Afirmó que el verdadero problema radica en el Plan de Hospedaje aprobado en 2019, que fue un rotundo fracaso y que dejó solo un 7% de las VUT legales en la ciudad.

Carabante refutó las acusaciones dirigidas a su equipo sobre el favorecimiento de grandes inversores, destacando que la normativa se diseña para beneficiar a los madrileños, buscando un equilibrio entre la necesidad de vivienda y el sector turístico. En su opinión, este enfoque es necesario para asegurar que Madrid mantenga una mayor armonía entre residentes y visitantes, algo que otras grandes ciudades como Berlín, París o Nueva York no han logrado.

El objetivo del equipo de José Luis Martínez-Almeida es transitar de un modelo disperso propuesto por la izquierda, que incluye VUT en edificios residenciales, hacia un modelo más organizado en el que se agrupen espacios residenciales y de hospedaje, minimizando así los conflictos entre vecinos y turistas. Esta estrategia, según Carabante, ayudará a preservar la calidad de vida de los residentes en la ciudad.

Al abordar la crítica planteada por Airbnb respecto a su actuación, Carabante aclaró que aunque las medidas de autocontrol son positivas, no son suficientes para manejar el creciente número de quejas de los vecinos. Estos desacuerdos han incrementado un 59% en 2023, con cerca de mil quejas hasta la fecha, un 37% más que en años anteriores. En este contexto, Carabante instó a Airbnb a alinearse con las normativas del Ayuntamiento y a promover solo aquellas VUT que cuenten con licencias legales.

El delegado anunció que las reuniones entre el Ayuntamiento y Airbnb, así como con la asociación Aloja, continuarán hasta diciembre y más allá, coincidiendo con el proceso de consulta pública que se avecina. Asimismo, desestimó la idea de que el crecimiento de las VUT fuera el único factor que eleva el costo de la vivienda, señalando que cada vez hay más presión para los residentes, especialmente en el centro de Madrid.

Carabante puntualizó que actualmente solo el 1,07% de las viviendas en Madrid están dedicadas a VUT, pero este porcentaje se eleva al 8,3% en el distrito Centro, lo que sí puede convertirse en un problema serio. De hecho, el delegado relacionó la proliferación de VUT con la reciente Ley de Vivienda estatal, que ha visto un aumento del 56% en estas propiedades y una reducción del 17% en el alquiler tradicional.

El delegado destacó que las VUT son una parte integral de la oferta turística de Madrid, con un 32,2% de los turistas eligiendo este tipo de alojamiento. Carabante advirtió que la eliminación completa de las viviendas de uso turístico podría tener un efecto devastador en el sector económico local.

Con el nuevo plan, se estima que aproximadamente 1.131 VUT legales se mantendrán operativas, lo que representa cerca del 42% de las que actualmente están en el centro. Carabante también reconoció la necesidad de reforzar la supervisión para garantizar que las viviendas ilegales sean clausuradas, reafirmando que la intención de su administración no es erradicar las VUT, sino eliminar las que operan al margen de la ley y resolver los conflictos de convivencia.

En respuesta a la posibilidad de aplicar un IVA más alto a las VUT, Carabante se mostró a favor de un enfoque fiscal diferenciado para esta actividad económica, sugiriendo que la fiscalidad debería ser superior a la del alquiler convencional. Sentenció que la colaboración entre todas las administraciones es esencial para reducir el impacto negativo de la convivencia entre residentes y turistas.

Finalmente, el delegado celebró la iniciativa del Gobierno de establecer un registro que limite la publicidad de VUT a aquellas con las licencias pertinentes, reafirmando su compromiso con un marco regulatorio que asegure el equilibrio y la convivencia adecuada en Madrid.