La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha tomado la decisión de llevar ante el Tribunal Supremo la reciente legislación promulgada por el Gobierno de España que impone nuevos criterios para la creación y reconocimiento de universidades privadas. Según Ayuso, esta medida representa un ataque frontal a la libertad educativa y empresarial en el ámbito académico.

Durante su intervención en el "II Foro Líderes con Propósito", Ayuso sostuvo que este real decreto no solo perjudica a las instituciones educativas privadas, sino que también compromete la seguridad jurídica y las competencias de las comunidades autónomas. A su juicio, este movimiento es una maniobra destinada a favorecer los intereses nacionalistas y atenta contra la autonomía de Madrid.

La presidenta madrileña subrayó la importancia de que Madrid defienda su posición, destacando su responsabilidad con España y el mantenimiento del Estado de Derecho. Reiteró que la Comunidad empleará todos los recursos legales a su alcance para contrarrestar lo que considera abusos del Gobierno central.

El mencionado real decreto introduce la exigencia de un informe vinculante de evaluación a cargo de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) o de las agencias correspondientes en cada comunidad autónoma, además del informe consultivo de la Conferencia General de Política Universitaria que ya era requisito anteriormente.

En la actualidad, España cuenta con once agencias de calidad académica, que operan de manera independiente y autónoma, integrándose en la Asociación Europea de Agencias de Calidad, lo cual subraya la pluralidad y diversidad en la evaluación del sistema educativo en el país.