En un reciente pronunciamiento en Madrid, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad, Miguel Ángel García Martín, subrayó la carga de trabajo que enfrenta el sistema judicial, especialmente en lo que respecta a las investigaciones relacionadas con el ámbito del Gobierno y el partido del actual presidente, Pedro Sánchez.

Las declaraciones de García Martín se produjeron durante el segundo día del juicio en el Tribunal Supremo por la presunta revelación de secretos que involucra al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Tras una reunión con asociaciones de víctimas del terrorismo, el consejero se enfrentó a las preguntas de los periodistas sobre la declaración de Miguel Ángel Rodríguez, asesor principal de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y del socio sentimental de esta, Alberto González Amador.

García Martín enfatizó la necesidad de permitir que la Justicia trabaje sin interrupciones, recordando que esta semana está particularmente ocupada. En su calidad de portavoz del Gobierno regional, puntualizó que hay múltiples “frentes judiciales” que afectan directamente al presidente Sánchez.

Entre los casos destacados, mencionó la intención del Tribunal Supremo de juzgar a José Luis Ábalos, exsecretario de Organización del PSOE, a su asesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama, quienes están acusados de delitos como cohecho, tráfico de influencias y pertenencia a una organización criminal.

El consejero cuestionó la naturaleza de la organización en el poder, planteando inquietudes sobre la implicación de un exalto funcionario socialista en actividades delictivas. “Es preocupante que el exsecretario de Organización del PSOE esté vinculado a una acusación de pertenencia a una organización criminal”, declaró.

Además, García Martín apuntó a la necesidad de que la Audiencia Nacional investigue los pagos en efectivo que se realizaban en la sede del PSOE en Ferraz, en el marco de una supuesta financiación ilegal del partido.

Referente al caso de García Ortiz, indicó que diferentes testigos han señalado al fiscal como un posible filtrador, insinuando que podría haber un vínculo con el Palacio de la Moncloa en el manejo de la información. También hizo mención a la testificación de Miss Asturias 2017 en el Senado sobre el ‘caso Koldo’ y la solicitud del juez Peinado para acceder a correos electrónicos de Begoña Gómez, la esposa del presidente, lo cual, según García Martín, inicia un hilo que conecta con una posible trama corrupta relacionada con la compra de mascarillas.

“En consecuencia, es evidente que la Justicia enfrenta numerosos desafíos. Debemos permitirle operar con libertad para resolver todas estas acusaciones de corrupción que, supuestamente, envuelven al Gobierno de Pedro Sánchez, así como a su partido y su círculo más cercano”, concluyó García Martín.