La asociación Automovilistas Europeos Asociados ha solicitado al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que detenga de inmediato el proceso de tramitación de las multas impuestas por acceder a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) y que se proceda a la devolución de los más de 330 millones de euros recaudados a través de 1,7 millones de multas.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha invalidado las ZBE de la capital al considerar que existe una "patente insuficiencia del informe de impacto económico" en las medidas tomadas en la ordenanza municipal. Desde Vox se ha instado a Almeida a apelar la sentencia.

Según una resolución a la que Europa Press tuvo acceso, en respuesta a un recurso presentado por Vox y admitido parcialmente por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, se han dejado sin efecto varios puntos de la Ordenanza 10/2021, del 13 de septiembre, que modificaba la Ordenanza de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de Madrid, datada el 5 de octubre de 2018.

La sentencia específicamente anula las secciones de la ordenanza que definen el alcance de la Zona de Bajas Emisiones en todo el municipio de Madrid, así como aquellas que establecen las Zonas de Bajas Emisiones de Especial Protección (ZBEDPE) en el Distrito Centro y en Plaza Elíptica. No obstante, el resto de la normativa se mantiene.

En agosto pasado, la asociación ya había solicitado a Almeida una moratoria de dos años para la implementación de restricciones de circulación para vehículos sin etiqueta, apoyando su argumentación en el mismo sentido que la sentencia emitida por el TSJM respecto a las ZBE de Madrid.

Según la asociación de automovilistas, la sentencia pone de manifiesto que las medidas restrictivas adoptadas por la ordenanza afectan principalmente a las personas con menor capacidad económica, quienes enfrentan dificultades para adquirir nuevos vehículos cumpliendo con los requisitos ambientales, sin haberse evaluado este aspecto previamente.

Además, la sentencia hace referencia al impacto de las medidas en miles de vehículos profesionales, afectando directamente a las condiciones de competencia y al mercado.

Aunque la sentencia no es definitiva, la asociación espera que el Ayuntamiento no la apelará, ya que considera que está bien fundamentada a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Supremo de España.