Aumento del 4,7% en denuncias por violencia de género en Madrid durante 2025
Durante 2025, los juzgados de la Comunidad de Madrid recibieron un total de 33.516 denuncias por violencia de género, lo que representa un incremento del 4,7 % respecto al año anterior. De estas, 29.259 corresponden a mujeres víctimas, evidenciando un aumento del 2,7 %, con 15.933 españolas y 13.326 de otras nacionalidades. Además, un 19,9 % de las víctimas optaron por no declarar, un incremento del 19,9 % en comparación con 2024, reflejando posibles dificultades en la protección y el apoyo a las afectadas.
Este incremento en las denuncias coincide con un escenario político marcado por debates sobre la eficacia de las políticas públicas en materia de igualdad y protección a las víctimas. La Comunidad de Madrid ha sido foco de controversia en los últimos meses debido a las políticas de recortes en recursos destinados a la lucha contra la violencia de género, así como a la polémica sobre la gestión de los juzgados y la atención a las víctimas, en un contexto en que las cifras oficiales muestran una tendencia al alza en las denuncias y en las medidas judiciales adoptadas.
En el ámbito político, el debate ha girado en torno a la asignación presupuestaria y la necesidad de reforzar los recursos judiciales y sociales para afrontar la violencia de género de forma eficaz. Mientras algunos sectores reclaman mayor inversión y políticas preventivas, otros críticos alertan sobre la percepción de insuficiencia en las acciones gubernamentales, lo que impacta en la confianza de las víctimas y en la eficacia del sistema judicial regional.
En términos judiciales, en 2025 se dictaron 4.738 sentencias en casos de violencia de género en Madrid, con un 74,6 % de ellas condenatorias. Además, se redujeron en un 5,6 % las órdenes de protección acordadas, frente a una disminución similar en las solicitudes presentadas, lo que refleja una tendencia a la estabilización en las medidas cautelares y judiciales en un contexto de mayor número de denuncias.
Desde una perspectiva más amplia, estos datos se inscriben en un escenario nacional donde la violencia de género continúa siendo un problema de Estado. La tasa regional de víctimas por cada 10.000 mujeres, aunque ligeramente por debajo de la media nacional, muestra diferencias significativas entre comunidades autónomas, evidenciando desigualdades en la incidencia y en la respuesta institucional. La política estatal y autonómica sigue siendo clave para abordar de forma integral esta problemática.