Aprobación del proyecto de Ley de Caza y Pesca en la Comunidad: cotos mínimos y gestión poblacional garantizados.

El pasado miércoles 25 de marzo, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid dio luz verde a un ambicioso proyecto legislativo enfocado en la Caza y la Pesca, cuyo objetivo primordial es proporcionar un marco legal que refuerce la seguridad jurídica del sector, al mismo tiempo que se promueve la protección ambiental. Este nuevo marco incluye la creación de cotos mínimos de caza y planes de control poblacional que aseguran un equilibrio entre la caza y los ecosistemas.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, presentó esta iniciativa desde Morata de Tajuña, donde tuvo lugar una reunión extraordinaria. Durante su intervención, subrayó que esta ley será pionera en la historia de la región, destinada a revitalizar el sector, garantizar la salud de los ecosistemas, y hacer frente a problemas como los daños a la agricultura, accidentes de tráfico y la transmisión de enfermedades a la ganadería.

Este proyecto, delineado por la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, incluye medidas concretas que buscan modernizar el sector y optimizar la gestión de la fauna, con miras a garantizar la seguridad tanto de los ciudadanos como del entorno. Una de las innovaciones más significativas es la implementación de un tamaño mínimo de 250 hectáreas para los cotos de caza, exceptuando la caza menor, que podrá autorizarse a partir de 50 hectáreas con la debida justificación técnica.

En el ámbito de la pesca, la nueva normativa simplificará la clasificación de aguas, reduciendo su categorización a tres: cotos, aguas en régimen especial y aguas privadas. Se pone un énfasis particular en especies destacadas como la trucha en ríos, así como en especies relevantes para la pesca en embalses, incluyendo la carpa y el lucio.

Otro de los elementos innovadores introducidos por esta ley son los Planes de Control Poblacional, que se enfocan en ayudar a los ayuntamientos a gestionar especies que se encuentran en situación de sobrepoblación, como el jabalí y el conejo, fuera de las temporadas tradicionales de caza. Esta medida tiene como fin evitar daños en las explotaciones agrícolas.

En cuanto a las normas de seguridad, el proyecto incrementa la distancia mínima de caza respecto a núcleos de población, pasando de 100 metros a 150 metros, sin alterar otras limitaciones existentes en la actualidad. La ley también promueve la modernización del sector a través de la creación de licencias digitales y procedimientos administrativos electrónicos, los cuales facilitarán la gestión y monitoreo de la actividad cinegética y piscícola.

Además, se actualiza el régimen sancionador, estableciendo multas que oscilan entre 200 y 1.000 euros para infracciones leves; entre 1.000 y 10.000 euros para infracciones graves; y entre 10.000 y 80.000 euros para infracciones muy graves. Esto refleja un compromiso por parte de las autoridades en asegurar el cumplimiento de la normativa.

La creación de este reglamento ha sido posible gracias a un extenso proceso de consulta y la evaluación de múltiples informes técnico-sectoriales que abordan temas como el impacto ambiental, el cambio climático, la salud pública, la perspectiva de género, la familia y la coordinación normativa, entre otros. Al integrar estos aspectos en un marco legal único, se refuerzan las actividades de caza y pesca como motores del desarrollo rural y herramientas clave en la lucha contra la despoblación.

En la Comunidad de Madrid, cerca del 69% del territorio, equivalente a 576.000 hectáreas, está catalogado como terreno destinado a la caza, con aproximadamente 50.000 licencias vigentes. En lo que respecta a la pesca, se gestionan alrededor de 46.000 licencias activas y 24 tramos regulados que suman casi 130 kilómetros, en colaboración con entidades locales.