Alertan sobre otro ataque a trabajadores penitenciarios en Soto del Real.

En Madrid, el 30 de marzo, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha levantado la voz ante una preocupante serie de agresiones que han sufrido los funcionarios de prisiones en el Centro Penitenciario Madrid V de Soto del Real. Este reclamo resalta el alarmante problema de violencia que padecen diariamente estos trabajadores del sector público.

Recientemente, un interno generó un incidente violento en el que un funcionario fue agredido con un puñetazo, y otro empleado sufrió una lesión en la muñeca mientras intentaba controlar al agresor y restaurar la paz en el módulo, según lo informado por el sindicato mediante un comunicado oficial.

CSIF subraya que lo sucedido no debe considerarse un hecho aislado, ya que refleja la grave situación que impera en el centro penitenciario, el cual, el año pasado, fue reportado como el lugar con más agresiones a trabajadores dentro de la Comunidad de Madrid.

De acuerdo con cifras proporcionadas por el sindicato, en 2025 se registraron 70 agresiones contra funcionarios del sistema penitenciario madrileño, siendo 25 de ellas en Soto del Real. También se documentaron incidentes en otras instituciones, como en Estremera (16 agresiones) y Valdemoro y Aranjuez, donde ocurrieron diez agresiones en cada uno.

El número total de incidentes es prácticamente equiparable a las 73 agresiones reportadas en 2024. Para CSIF, estos datos evidencian que la violencia contra los empleados penitenciarios es un "problema estructural" que debe ser atendido urgentemente.

El sindicato atribuye esta crítica situación a la escasez de personal en los centros, la falta de recursos necesarios para garantizar la seguridad, y el creciente número de internos con comportamientos violentos o problemas mentales.

Ante este escenario, CSIF exige al Ministerio del Interior que implemente de manera inmediata una serie de medidas, que incluyen el refuerzo de las plantillas, el reconocimiento de los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad, la ampliación de recursos, la mejora de la atención sanitaria en el ámbito penitenciario, y la aplicación efectiva de la normativa para mantener el orden en las instalaciones.